El presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija y diputado nacional por Unidad Nacional, Gabriel Corvera, rechazó las declaraciones del exministro Álvaro Ruiz, quien vinculó a Samuel Doria Medina con los conflictos sociales que atraviesa el país. El legislador calificó esas afirmaciones como carentes de sustento y consideró que responden a intereses políticos.
Corvera sostuvo que resulta injustificado responsabilizar a la oposición por la actual coyuntura y señaló que, bajo la misma lógica, también podría cuestionarse si otros actores políticos o sindicales buscan aprovechar la crisis para debilitar al gobierno y reposicionarse en la disputa por el poder. En ese sentido, afirmó que las acusaciones carecen de pruebas y buscan desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta el país.
El parlamentario defendió el rol de Unidad Nacional y aseguró que la alianza política ha mantenido una postura responsable y constructiva frente a la gestión gubernamental. Explicó que su organización ha respaldado las medidas que considera positivas para el país y ha planteado observaciones y críticas cuando ha identificado errores, siempre acompañadas de propuestas y alternativas.
Asimismo, destacó que Samuel Doria Medina ha mantenido una línea de acción orientada a generar consensos y aportar soluciones, tanto desde el ámbito político como a través de iniciativas presentadas en el Parlamento. Según Corvera, la oposición que representa no busca obstaculizar la gestión pública, sino contribuir a la construcción de oportunidades y al desarrollo nacional.
El legislador también rechazó las versiones que apuntan a una supuesta pasividad de su organización frente a la crisis. Afirmó que Unidad Nacional ha participado activamente en la elaboración de propuestas legislativas, proyectos de ley y planteamientos destinados a mejorar la situación económica y social del país.
Finalmente, Corvera señaló que el Gobierno se encuentra evaluando las medidas que adoptará para enfrentar la conflictividad actual y consideró que cualquier decisión deberá ser analizada una vez que sea oficializada. Indicó que esperan conocer el alcance de las determinaciones que surjan del Ejecutivo para evaluar su impacto y sus efectos sobre la población boliviana.