El asambleísta departamental de Tarija, Rodrigo Baldivieso, informó que presentó una solicitud formal para reunirse con la gobernadora departamental con el fin de conocer el estado de los procesos de licitación de la canasta alimentaria para adultos mayores y del paquete alimentario destinado a personas con discapacidad. La autoridad pidió además que en el encuentro participen las federaciones y asociaciones representativas de ambos sectores.
Baldivieso explicó que la preocupación surge debido a que ya transcurre el mes de junio y aún no existe información clara sobre el avance de los procesos de contratación para la adquisición de los productos. Recordó que en gestiones anteriores, para estas fechas, los trámites se encontraban en etapas avanzadas y ya se conocían detalles sobre los artículos que formarían parte de los beneficios.
El legislador señaló que la falta de información ha generado incertidumbre entre los beneficiarios, que en conjunto superan las 50.000 personas en el departamento. Indicó que gran parte de este grupo pertenece a sectores de escasos recursos económicos y que, en muchos casos, los adultos mayores y las personas con discapacidad representan un importante sustento para sus familias.
Asimismo, manifestó que varias asociaciones le hicieron conocer que anteriormente solicitaron reuniones con la gobernadora para abordar este tema y otros relacionados con sus necesidades, pero hasta el momento no habrían recibido una respuesta. Por ello, decidió sumarse al pedido en ejercicio de sus funciones de fiscalización dentro de la Asamblea Legislativa Departamental.
Baldivieso recordó que el presupuesto para estos programas sociales fue inscrito en el presupuesto departamental aprobado el año pasado, aunque advirtió que aún es necesario conocer cuánto dinero será efectivamente destinado a la ejecución de ambos beneficios. En ese sentido, insistió en la necesidad de transparentar el estado de los recursos y del cronograma de contratación.
Finalmente, alertó que los procesos de licitación pueden extenderse por al menos 45 días, por lo que consideró urgente acelerar los procedimientos administrativos para evitar retrasos en la entrega de los alimentos. También destacó que la crisis económica ha incrementado la vulnerabilidad de las personas con discapacidad y adelantó que trabaja en una futura propuesta legislativa destinada a incentivar la contratación laboral de este sector mediante incentivos dirigidos a empresas privadas.