Esteban Ortuño, abogado constitucionalista declara que según la constitución en su articulo 139, numeral 3 es necesaria una ley que regule los estados de Excepción. El presidente puede activar el Estado de Excepción más no lo puede regular según Ortuño el gobierno se equivocó al abrogar la ley 1341.
Ahora el poder ejecutivo se arriesga a procesos judiciales en el entendido de que al dictar un estado de Excepción no tendría una normativa respaldatoria:
El abogado constitucionalista Esteban Ortuño afirmó que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, el Estado de Excepción debe estar regulado obligatoriamente mediante una ley y no únicamente a través de un decreto supremo, por lo que considera que el Gobierno nacional cometió un error al abrogar la Ley 1341.
Ortuño explicó que el artículo 139 de la Constitución establece de manera textual que una ley debe regular la aplicación y alcance del Estado de Excepción. En ese sentido, aclaró que el presidente puede decretar o activar esta figura, pero no regularla de fondo mediante disposiciones ejecutivas.
El jurista sostuvo que la abrogación de la denominada “Ley Copa” dejó un vacío jurídico que ahora pone en riesgo al Órgano Ejecutivo. Según indicó, el Gobierno debió modificar la normativa existente o presentar una nueva propuesta legislativa antes de eliminar la ley anterior.
Asimismo, advirtió que si el Ejecutivo decreta un Estado de Excepción sin contar con una norma legal que respalde su aplicación, podría enfrentar múltiples procesos judiciales y cuestionamientos constitucionales debido a la falta de sustento jurídico adecuado.
Ortuño remarcó que un decreto supremo no tiene la misma jerarquía ni fuerza vinculante que una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, por lo que consideró que el Gobierno se estaría “dando un tiro en el pie” al actuar sin una regulación específica vigente para este tipo de medidas excepcionales.
Finalmente, el constitucionalista expresó dudas sobre la decisión política asumida por el oficialismo y cuestionó por qué no se impulsó una nueva norma antes de la abrogación. A su criterio, esto podría evidenciar que el Gobierno no contaba con la fortaleza política suficiente para garantizar los votos necesarios para aprobar una nueva ley que regule el Estado de Excepción.