Carrizal se convierte en la “tabla de salvación” energética: Tarija exige al presidente Rodrigo Paz priorizar megaproyecto hidroeléctrico

La Asamblea Legislativa Departamental (ALDT) de Tarija y representantes cívicos intensificaron su presión al Gobierno nacional para que priorice el proyecto hidroeléctrico Carrizal, considerado estratégico ante una eventual crisis energética en Bolivia.

El pedido surge en el marco del mes aniversario del departamento, en medio de crecientes preocupaciones por la disminución de reservas de gas natural, principal fuente de generación eléctrica del país.

El proyecto Carrizal está ubicado en el cañón formado por los ríos Camblaya y Pilaya, afluentes del río Pilcomayo, en la frontera entre Tarija y Chuquisaca, una zona con alto potencial hidroeléctrico.

Según datos técnicos, la iniciativa contempla una inversión estimada de 1.300 millones de dólares y una capacidad de generación de 360 megavatios (MW), además de incorporar sistemas de riego para fortalecer la producción agrícola.

El presidente de la ALD, Damián Castillo Villarrubia, advirtió que el país enfrenta un escenario crítico ante el agotamiento del gas, por lo que proyectos alternativos como Carrizal se vuelven imprescindibles.

Castillo sostuvo que la obra no solo garantizaría el suministro energético en Tarija, sino que también permitiría abastecer a otras regiones e incluso generar excedentes para exportación.

Desde el sector cívico, el presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Jesús Gira, calificó al proyecto como una “tabla de salvación” frente al riesgo de una crisis energética nacional.

Gira anunció la elaboración de un proyecto de ley para crear la Unidad Ejecutora Carrizal, con el objetivo de acelerar la gestión, financiamiento y ejecución de la obra.

El consultor y expresidente de la extinta CODETAR, Fernando del Carpio, explicó que de los 360 MW proyectados, 60 MW serían destinados al consumo regional y 300 MW podrían redistribuirse o exportarse.

Además, destacó que los estudios técnicos señalan que el proyecto tendría alta rentabilidad, con posibilidad de amortizar la inversión en un plazo de entre cuatro y cinco años.

Finalmente, actores políticos y cívicos coincidieron en que Carrizal no solo representa una solución energética, sino también una oportunidad para impulsar la transición hacia energías limpias y reducir la dependencia de los hidrocarburos en Bolivia.

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