El gobernador de Tarija, Oscar Montes, alertó sobre la acumulación de deuda en la Gobernación a causa de la vigencia de 90 leyes departamentales que la institución ya no puede cumplir por falta de recursos.
Estas normativas exigen desembolsos que exceden la capacidad financiera actual, y según el mandatario, la situación no es producto de una mala administración, sino de la imposibilidad material de cumplir con obligaciones legales diseñadas cuando los ingresos del departamento eran mucho mayores. Montes enfatizó que estas leyes, aunque vigentes, se volvieron inviables ante la disminución de recursos.
El Gobernador explicó que Tarija solía recibir alrededor de 160 millones de bolivianos por mes, pero actualmente los ingresos se redujeron a apenas 20 millones. Esta situación limita severamente la capacidad de pago de la Gobernación, al punto que los sueldos de los trabajadores de primer y segundo nivel se verán afectados: se cubrirá el mes de julio, pero no habrá recursos para el pago de agosto y septiembre.
Asimismo, el personal del tercer nivel también podría quedarse sin recibir el salario correspondiente a septiembre. Montes precisó que estas dificultades se presentan a pesar de los esfuerzos administrativos y ajustes internos realizados por su gestión.
Además de los sueldos, el Gobernador advirtió que otros compromisos sociales y programas dependientes del departamento se verán comprometidos. La entrega de canastas a personas con discapacidad y adultos mayores enfrenta limitaciones presupuestarias, y los recursos destinados a los municipios para programas como Prosol serán insuficientes, recibiendo solo una fracción de lo programado.
Según Montes, estas restricciones reflejan que los compromisos legales no pueden cumplirse con los ingresos actuales, generando un riesgo de deuda exigible a corto plazo.
En este contexto, el mandatario hizo un llamado a los asambleístas departamentales para revisar, modificar o abrogar las leyes que comprometen recursos de manera irreal. Señaló que mantener vigentes estas normativas sin la disponibilidad financiera necesaria llevará a un crecimiento insostenible de la deuda y podría derivar en responsabilidades legales futuras.
Montes recalcó que la Gobernación ya agotó todas las posibilidades de ajuste interno, administrando hasta el último centavo disponible, y que la resolución del problema depende de la Asamblea Legislativa.
Finalmente, Montes informó que la situación ha sido comunicada a la Contraloría General del Estado y a los ministerios de Economía y Planificación, con el objetivo de transparentar la crisis financiera.
El Gobernador deslindó responsabilidades del Ejecutivo sobre la imposibilidad de cumplir con las leyes vigentes, advirtiendo que la acumulación de deuda seguirá creciendo mientras no se adopten medidas legislativas concretas. La advertencia subraya la urgencia de tomar decisiones para evitar un colapso financiero en la administración departamental.