El Ministerio Público de Venezuela confirmó la detención del influencer Ángel Ignacio Cárdenas Bravo, conocido como “Fresa el elemento”, quien fue deportado desde Estados Unidos el pasado 27 de junio. El joven, de 26 años, ganó notoriedad en redes sociales por insultar abiertamente a figuras del chavismo, especialmente a Diosdado Cabello, desde su exilio en EE. UU. Las autoridades venezolanas lo acusan ahora de “instigación al odio” y de promover una intervención militar contra el país.
Cárdenas Bravo fue arrestado el 30 de junio tras su arribo a Venezuela y ya fue imputado por los cargos mencionados. El propio presidente Nicolás Maduro y el dirigente chavista Diosdado Cabello se refirieron al caso con tono irónico durante una transmisión oficial. Maduro aseguró que Cabello “lo estaba esperando” en el aeropuerto, mientras destacaba la necesidad de respetar al país y a sus autoridades legítimas.
Con más de 212.000 seguidores en TikTok, Cárdenas Bravo se hizo viral por sus videos cargados de insultos, lenguaje coloquial, sexismo y mensajes violentos. A través de su estilo provocador, logró captar una audiencia importante, aunque también generó rechazo. Sus publicaciones a menudo pedían acciones radicales contra el gobierno venezolano.
En Estados Unidos, donde residía desde 2019, acumuló múltiples cargos penales, incluyendo agresión a oficiales, negligencia infantil y violencia doméstica. Fue deportado tras ser detenido en una cita con Migración. Su historial judicial también generó especulaciones sobre presuntos vínculos con la banda criminal El Tren de Aragua, aunque no hay pruebas concretas que sustenten esa acusación.
El caso de “El Fresa” no es el primero de su tipo. Otro influencer venezolano, Leonel Álvarez, conocido como “Leito Oficial”, también fue deportado de EE. UU. por conducta inapropiada y detenido en Venezuela bajo cargos similares. Ambos casos reflejan la creciente vigilancia del régimen chavista sobre los contenidos publicados por sus ciudadanos en el exterior.
Las detenciones de estos influencers deportados son presentadas por el Gobierno como parte de su política para “combatir el odio” y frenar campañas que, según sus autoridades, “atentan contra la imagen y estabilidad del país”. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el uso de estos casos para justificar acciones represivas.
Vía: El País, España