Vecinos del barrio San Jorge 1, liderados por Plácida Lindaura Romero, denunciaron que la Alcaldía de Tarija se habría parcializado a favor de un propietario de terreno, Emerildo Segovia, quien estaría cerrando calles principales del barrio para construir en su propiedad.
Romero señaló que el municipio estaría avalando esta acción, lo que afecta a la comunidad que reclama la libre circulación por estas vías, según lo aprobado en planimetrías y normativas de urbanización vigentes desde hace 25 años.
La dirigente indicó que el cierre de calles representa un atropello a los derechos de los vecinos y que, aunque Segovia pueda tener problemas legales o personales sobre su propiedad, esto no justifica que interfiera con el uso de las calles públicas. Los vecinos exigen que las vías queden expedidas y que se respeten los procedimientos legales establecidos.
Por su parte, el Director de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Gonzalo del Carpio, desmintió que el municipio haya actuado de manera parcializada. Explicó que la actuación de la Alcaldía se realiza bajo orden judicial y que no se otorgan ni se quitan derechos propietarios. Según del Carpio, Segovia reclama la restitución de un terreno sobre el que han existido asentamientos durante más de 20 años y que la DOT únicamente actúa garantizando el respeto a la propiedad privada y municipal.
El funcionario aclaró que el municipio ha sostenido reuniones con el alcalde y con el propietario para asegurar que la situación se maneje conforme a la ley, y destacó que los funcionarios públicos deben actuar de manera imparcial, protegiendo únicamente áreas verdes y vías que correspondan a la propiedad municipal.
Del Carpio también indicó que las vías afectadas no son parte de un lineamiento oficial aprobado por la urbanización, sino espacios formados por asentamientos en el lugar, por lo que la intervención no representa un favoritismo hacia Segovia sino el cumplimiento de derechos legales del propietario.
El conflicto evidencia la tensión entre vecinos y propietarios sobre la delimitación de calles y la protección de áreas públicas, y mantiene la alerta sobre la necesidad de garantizar tanto el respeto a la propiedad privada como el libre tránsito en la comunidad de San Jorge.
