La Unión Europea (UE) enfrenta un desafío creciente en su intento de reducir la dependencia de China en materias primas críticas. El proyecto de la mina de tierras raras de Per Geijer, en el norte de Suecia, es el mayor esfuerzo europeo en este sentido, pero se ve frenado por las estrictas leyes medioambientales y de protección de los derechos indígenas que rigen en el bloque.
Per Geijer, propiedad de LKAB, ha sido declarado “proyecto estratégico” bajo la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA), lo que le permite acceder a préstamos, garantías y otros instrumentos de riesgo respaldados por la UE. El objetivo es acelerar la extracción de materiales esenciales para vehículos eléctricos, turbinas eólicas y defensa, reforzando la autonomía estratégica de Europa.
La UE ha destinado casi 3.000 millones de euros en financiación estratégica a proyectos mineros, de transformación y reciclado, priorizando el norte de Suecia. La designación de Per Geijer como proyecto estratégico también actúa como señal política, dando prioridad en permisos y reduciendo riesgos de inversión, en un intento por acelerar la minería a gran velocidad.
Sin embargo, la legislación ambiental sueca y de la UE exige permisos completos y evaluaciones de impacto detalladas sobre agua, biodiversidad, contaminación, ruido y clima. Estas revisiones son supervisadas por tribunales especializados y pueden generar retrasos de años, incluso para proyectos considerados esenciales por Bruselas.
A ello se suman las obligaciones legales de proteger los derechos de la población indígena sami, cuya tierra de pastoreo se ve afectada. La normativa europea y sueca exige su participación significativa y consentimiento libre e informado, lo que complica la aceleración de permisos bajo la presión de la CRMA.
Per Geijer forma parte de una cadena de valor más amplia de LKAB, que incluye extracción y procesamiento en Malmberget y Luleå, también designados como estratégicos. No obstante, el estatus estratégico no otorga permisos automáticos ni reduce los requisitos legales; la Comisión Europea puede retirar la designación si no se cumplen criterios de sostenibilidad.
El choque entre financiación y legislación refleja la llamada “paradoja del Pacto Verde”: mientras la UE busca rapidez en proyectos industriales impulsados por el clima, sus propias normas ambientales y de derechos generan barreras inflexibles, otorgando a opositores legales un poder significativo de freno.
Kiruna se ha convertido en un laboratorio crítico para evaluar si la UE puede combinar impulso estratégico con respeto a sus leyes ambientales y de derechos. El resultado marcará la capacidad del bloque para avanzar en autonomía tecnológica sin vulnerar los principios que sustentan el Pacto Verde.
En síntesis, la UE enfrenta un dilema estructural: acelerar la minería de tierras raras para fortalecer su independencia estratégica o respetar la legislación que protege el medio ambiente y los derechos de las minorías, una tensión que podría definir su política industrial y ecológica en los próximos años.
Vía: Euronews