La dirigencia de la Federación de Campesinos Túpac Katari presentó un pliego de cinco condiciones que considera irrenunciables para suspender las medidas de presión y los bloqueos de carreteras que se mantienen en distintas regiones del país.
A través de un comunicado, el sector otorgó un plazo de 24 horas al Gobierno para cumplir sus demandas, advirtiendo que, de no existir una respuesta favorable, las movilizaciones sociales serán ampliadas y radicalizadas.
La primera exigencia está relacionada con la calidad de los combustibles. Los campesinos demandan poner fin a la denominada “gasolina basura”, mediante la conformación de una comisión de control fronterizo y la anulación de contratos vinculados a combustible adulterado, siempre que estudios técnicos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) confirmen dichas irregularidades.
Como segundo punto, el sector solicita un paquete de alivio económico destinado a transportistas, gremiales, artesanos, productores y emprendedores. La propuesta contempla congelar durante seis meses los intereses y cargos por mora de obligaciones financieras vigentes.
La tercera demanda consiste en la abrogación de seis decretos supremos: 5618, 5579, 5517, 5550, 5551 y 5552, los cuales están relacionados con diversas áreas de gestión pública, entre ellas actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales.
En materia de garantías y derechos, los movilizados exigen la promulgación de un decreto de amnistía presidencial que contemple la restitución plena de derechos sindicales y evite procesos judiciales o detenciones contra dirigentes sociales involucrados en las protestas.
Asimismo, plantean la reparación económica, civil y humanitaria para las familias de personas heridas o fallecidas durante los enfrentamientos registrados en el marco del conflicto que atraviesa el país.
La quinta condición establece la abrogación de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, norma que, según los dirigentes campesinos, debe ser eliminada para garantizar el respeto a los derechos ciudadanos y a las movilizaciones sociales.
Dentro de este mismo punto, también demandan la desarticulación de grupos que consideran paraestatales, haciendo referencia específica a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), a la que acusan de actuar en escenarios de confrontación política.
El pronunciamiento surge en medio de una creciente tensión social y coincide con planteamientos similares realizados por la Central Obrera Boliviana (COB). Mientras el Gobierno busca abrir espacios de diálogo para pacificar el país, los sectores movilizados mantienen su presión y condicionan cualquier levantamiento de bloqueos al cumplimiento de sus principales demandas.
Vía: El Deber