El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció la presentación de un paquete de anteproyectos de ley destinados a reformar y modernizar el sistema judicial boliviano, con el objetivo de mejorar la gestión de procesos y agilizar la administración de justicia.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, informó que las propuestas serán remitidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional este jueves, como parte de una agenda institucional orientada a introducir cambios estructurales en el funcionamiento de los tribunales.
Las iniciativas buscan fortalecer la eficiencia del sistema judicial mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan reducir la burocracia y acelerar la resolución de causas en los juzgados del país.
Uno de los proyectos más relevantes contempla la implementación nacional del Sistema Informático de Gestión de Causas (SIGC), una plataforma digital destinada a modernizar el manejo de expedientes judiciales.
Este sistema permitirá avanzar hacia el expediente electrónico, reduciendo el uso de documentos físicos y facilitando el seguimiento digital de los procesos judiciales.
Según explicó Saucedo, la implementación del SIGC requerirá una inversión aproximada de 160 millones de bolivianos para su despliegue en todo el territorio nacional.
La plataforma también permitirá integrar información con bases de datos de otras instituciones públicas, entre ellas la Policía Boliviana, el Ministerio Público de Bolivia y el Servicio General de Identificación Personal (Segip).
Esta interoperabilidad permitirá verificar datos de manera más rápida, mejorar la coordinación institucional y reducir los tiempos en la tramitación de los procesos judiciales.
El titular del TSJ recordó que el sistema ya fue probado mediante un plan piloto en el departamento de Chuquisaca, experiencia que permitió evaluar su funcionamiento antes de proyectar su aplicación a escala nacional.
Finalmente, Saucedo destacó que la propuesta cuenta con el respaldo de la Sala Plena del TSJ y sostuvo que la digitalización de la justicia representa un paso clave para construir un sistema judicial más transparente, eficiente y accesible para la ciudadanía.
Vía: La Razón