El anuncio del gobierno argentino de instalar un alambrado de 200 metros en la frontera entre Aguas Blancas (Argentina) y Bermejo (Bolivia) ha generado preocupación en Bolivia.
La medida, impulsada por el Plan Güemes y respaldada por la provincia de Salta, busca establecer un único paso habilitado y mayor control sobre las actividades en la frontera. Según las autoridades argentinas, esta acción responde al desorden migratorio y al contrabando en la zona, donde se estima que 15.000 personas cruzan diariamente sin pasar por los controles oficiales.
La Cancillería boliviana expresó su inquietud y recordó que los temas fronterizos deben ser abordados mediante el diálogo bilateral para evitar tensiones y mantener la buena vecindad. El ministro de Justicia boliviano, César Siles, calificó la medida como contraria a los tratados internacionales y a los principios de convivencia pacífica. Además, adelantó que Bolivia podría elevar una queja formal ante organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Plan Güemes, que incluye este alambrado, forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la vigilancia en la frontera. Pese a las justificaciones argentinas, Bolivia insiste en la necesidad de tratar este tipo de medidas de manera conjunta para evitar que decisiones unilaterales perjudiquen las relaciones entre ambos países y afecten a las comunidades fronterizas que dependen de la convivencia pacífica y el intercambio comercial.