El diputado nacional Gabriel Corvera denunció una falta de transparencia y exclusión de las comunidades afectadas en el manejo del conflicto por Tariquía, tras no haber sido incluido —ni de manera presencial ni virtual— en una reunión informativa organizada por el Viceministerio de Exploración y Explotación Petrolera y YPFB, pese a haberla solicitado formalmente para garantizar el acceso a información de los sectores de Chiquiacá.
Corvera explicó que, durante una visita a la ciudad de La Paz, se reunió con el viceministro Montes, a quien le manifestó la necesidad de transparentar información sobre el proyecto y de convocar a una reunión en Tarija con participación de las comunidades, YPFB, el Viceministerio de Hidrocarburos, instancias ambientales y la empresa involucrada, con el fin de aclarar versiones contrapuestas en torno al impacto del proyecto.
Sin embargo, señaló que posteriormente fue notificado de que la reunión se realizaría el 23 de diciembre en Santa Cruz, con la presencia de autoridades de la provincia O’Connor, pero sin la participación de los sectores directamente afectados, observación que hizo conocer de manera inmediata. Según relató, se le indicó que se trataba solo de un encuentro informativo y que luego se socializaría el contenido en las comunidades.
El legislador afirmó que, debido a problemas de conexión aérea, no pudo trasladarse a Santa Cruz, pero coordinó su participación virtual mediante Zoom, solicitud que —aseguró— no fue atendida, pese a reiteraciones realizadas el mismo día del encuentro. Posteriormente, envió una nota formal a través de su abogada parlamentaria reiterando la petición de una reunión en Tarija con los sectores vulnerados y las instancias nacionales competentes.
Corvera aclaró que la reunión solicitada no tenía carácter decisorio, sino informativo, con el objetivo de conocer el estado del proyecto y buscar un punto intermedio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y los recursos hídricos, preocupación central de las comunidades de Chiquiacá. Añadió que, mientras la empresa y YPFB sostienen que no existe afectación ambiental y que las actividades se encuentran fuera de la reserva, es necesario que esa información sea verificada y debatida de manera conjunta y transparente.