La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija tiene previsto aprobar este lunes por la tarde el proyecto de presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo, encabezado por el gobernador Óscar Montes. La propuesta, que asciende a 435 millones de bolivianos, es considerada por el mandatario como “equilibrada”, aunque ya enfrenta críticas de legisladores que advierten recortes en sectores vulnerables.
El presupuesto proyecta ingresos por regalías de 312 millones de bolivianos, complementados con recursos provenientes del IDH, IEHD y recursos propios. Montes explicó que no hay grandes variaciones respecto al presupuesto de 2025, pero recordó que los ingresos por regalías y otros impuestos relacionados a hidrocarburos caen en promedio un 20% cada año, lo que obliga a ajustes permanentes.
El gobernador reconoció que la situación económica departamental es crítica debido a la elevada carga de deuda, que supera los 100 millones de bolivianos anuales. Incluso reveló que el pasado viernes la Gobernación tuvo que pagar 4 millones de bolivianos por este concepto. Sin embargo, aseguró que se mantiene el compromiso de garantizar la estabilidad económica y la continuidad de los programas sociales, aunque con menor alcance que en gestiones anteriores.
Uno de los más férreos críticos al proyecto es el legislador Francisco Rosas, quien denunció que la propuesta “no es participativa” y que recorta recursos esenciales. Detalló que la canasta alimentaria se reduce en 30%, pasando de 42 millones a 29 millones; en salud, la asignación cae de 38 millones a 27 millones, lo que significa un recorte del 25%; mientras que el Prosol baja también un 30%, de 42 millones a 29 millones.
Rosas señaló además que la estructura del Ejecutivo no sufre ajustes, pese a la crisis financiera. Sostuvo que se podría ahorrar hasta 10 millones de bolivianos si se recortaran asignaciones a los subgobernadores y se eliminaran funciones duplicadas en algunas dependencias. A su criterio, el presupuesto refleja solo la visión de la Gobernación, sin tomar en cuenta a los sectores afectados.
El pleno de legisladores departamentales debatirá en esta jornada si aprueba el presupuesto en su forma actual, lo rechaza o lo aprueba con observaciones. El plazo para su envío al Gobierno central y su incorporación al Presupuesto General del Estado obliga a que las fuerzas políticas busquen consensos. El resultado definirá el rumbo de la política económica departamental para la próxima gestión.
Vía: El Periódico