El Senado aprobó por unanimidad una resolución camaral que exige a la Dirección Nacional de Migración aplicar la normativa que impide la salida del país de Luis Arce y de todas las exautoridades de su gobierno. La medida fue impulsada ante la reciente fuga de altos funcionarios investigados por corrupción, lo que generó preocupación en la nueva administración.
El senador Wilder Veliz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), informó que la iniciativa busca garantizar que los exministros y exdirectores permanezcan en territorio nacional por al menos tres meses tras dejar sus cargos, tal como establece la ley. Señaló que la resolución fue aprobada sin objeciones, demostrando consenso político frente a los hechos recientes.
La senadora Ana María Crispín, también del PDC, explicó que la disposición busca evitar que se repitan situaciones como la de Armin Dorgathen, expresidente de YPFB, quien habría abandonado el país mientras enfrentaba investigaciones. Reconoció que el caso no se encontraba incluido en la primera redacción y que por ello se solicitó asegurar el cumplimiento estricto de la normativa.
La Cámara de Senadores remitirá la resolución a la Contraloría General del Estado y a la Dirección Nacional de Migración, instituciones llamadas a ejecutar de inmediato la restricción. Legisladores expresaron su preocupación por la posibilidad de que más exautoridades intenten salir del país antes de esclarecer los presuntos hechos de corrupción destapados en distintas entidades del Estado.
La fuga de Dorgathen motivó gran parte del debate. Fotografías difundidas en redes sociales lo mostraron presuntamente en Corumbá, Brasil. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el exejecutivo de YPFB habría escapado y lamentó que una orden de aprehensión en su contra quedara sin efecto por decisión judicial.
Otro caso que generó alarma es el de Franklin Flores, exgerente de EMAPA, quien también estaría prófugo. Flores enfrenta procesos por presuntos delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, y actualmente es buscado por la justicia boliviana. Su salida del país reforzó los cuestionamientos sobre el control migratorio durante el periodo de transición.
Con estas fugas, el Senado busca cerrar cualquier vacío legal o administrativo que permita a otras exautoridades eludir la justicia. La resolución se convierte así en una respuesta política y preventiva ante un escenario que ha expuesto debilidades institucionales, en momentos en que el país intenta esclarecer múltiples irregularidades heredadas del anterior gobierno.
Vía: El Día