El debate sobre los salarios de senadores y diputados volvió a instalarse con fuerza en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), evidenciando profundas diferencias entre los propios legisladores. Mientras algunos consideran que el monto actual es justo y acorde a su trabajo, otros plantean una reducción drástica en el marco de la crisis económica que atraviesa el país.
Actualmente, los parlamentarios perciben un salario cercano a los 23 mil bolivianos, cifra que para un sector del Legislativo se encuentra dentro de lo razonable. A este debate se sumó el cuestionamiento a beneficios adicionales, como el crédito telefónico mensual que reciben los asambleístas y que solo en el Senado representa un gasto anual de casi 400 mil bolivianos.
El jefe de bancada de la alianza Libre en Diputados, Rafael López, defendió el salario vigente y sostuvo que debe analizarse en función de la realidad laboral que enfrentan los legisladores. “Tenemos que tener sueldos de acuerdo a la realidad económica del país”, afirmó, señalando que el monto actual es adecuado.
López argumentó que el trabajo parlamentario no se limita a las sesiones en el hemiciclo, muchas de las cuales se extienden hasta la madrugada, sino que también incluye labores en las regiones. Remarcó que muchos diputados deben cubrir gastos de vivienda y alimentación en La Paz, además de cumplir agenda en sus departamentos.
Para el legislador de Libre, el debate salarial no debería ser el tema central en la coyuntura actual. En su criterio, la prioridad del Legislativo debe estar enfocada en generar soluciones para enfrentar la crisis económica y no en discutir los ingresos de los parlamentarios.
En la vereda opuesta se situó el senador de la alianza Unidad, Nilton Condori, quien cuestionó duramente los sueldos actuales. “Deberíamos ganar todos 10 mil bolivianos”, afirmó, señalando que no existe justificación para percibir 23 mil bolivianos mensuales, según un reporte de Erbol.
Condori sostuvo que muchos legisladores no cumplen adecuadamente su labor y se desmarcó de esa situación, asegurando que él sí realiza trabajo de fiscalización, especialmente en centros de formación educativa, además de denunciar presuntos hechos de corrupción.
La polémica se intensificó tras la revelación del senador Wilder Veliz, quien informó que cada legislador titular recibe un chip telefónico con Bs 600 de crédito mensual, mientras que los suplentes acceden a Bs 300. De acuerdo con sus cálculos, este beneficio representa un gasto anual de 397.440 bolivianos para el Estado.
Veliz anunció su decisión personal de devolver el chip y cuestionó este tipo de beneficios. “El servicio público debe ser entendido como una vocación de servicio y no como un espacio de privilegios”, afirmó, en un contexto en el que crece la presión ciudadana para reducir los gastos del aparato estatal.
Vía: El Día