El concejal municipal Ervin Mancilla denunció que el alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, habría firmado un acuerdo con la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (CADEPIA) para regularizar terrenos dentro de la zona industrial, lo que —según afirmó— implicaría la pérdida de aproximadamente 3,1 hectáreas destinadas a áreas verdes municipales.
Mancilla explicó que originalmente el sector de CADEPIA contemplaba la cesión de espacios públicos conforme a normativa urbanística, incluyendo áreas verdes y vías. Sin embargo, sostuvo que actualmente existiría la intención de regularizar dichos espacios como lotes privados, lo que calificó como una vulneración a bienes del Estado que, a su criterio, son innegociables y están protegidos por ley. El concejal recordó además que en julio de 2024 solicitó la demolición de construcciones consideradas avasallamientos, sin que hasta la fecha —según indicó— se haya ejecutado ninguna acción.
El legislador municipal cuestionó que el presunto convenio se haya suscrito durante el fin de semana de Carnaval, señalando que la población se encontraba distraída por las festividades. Aseguró que la documentación del acuerdo sería pública y pidió explicaciones sobre las autoridades que habrían respaldado la medida.
Por su parte, el alcalde Torres rechazó categóricamente las acusaciones y calificó la versión como falsa. Explicó que no se firmó ningún convenio para transferir o eliminar áreas verdes, sino una adhesión política de apoyo a su repostulación, aclarando que esta acción no tiene efectos sobre la propiedad de terrenos municipales.
La autoridad municipal sostuvo que el conflicto en CADEPIA es un problema heredado desde hace casi dos décadas, originado tras procesos de permuta y planimetría donde se designaron áreas verdes en espacios que ya contaban con viviendas construidas desde hace más de 30 años. Según indicó, la propuesta actual apunta a un proceso de reordenamiento urbano que deberá ser evaluado conforme a la normativa vigente.
Finalmente, Torres señaló que una eventual demolición de viviendas generaría conflictos legales y altos costos para el municipio, además de posibles amparos constitucionales vinculados al derecho a la vivienda. En ese sentido, afirmó que la Alcaldía busca una solución técnica y responsable que permita resolver el problema sin afectar a las familias asentadas en la zona.