La delegada de la Defensoría del Pueblo en Tarija, Cecilia Bolívar, informó que la pausa ambiental ordenada para suspender las actividades exploratorias de PETROBRAS en el pozo Domo Oso X3, dentro del área de amortiguamiento de la Reserva de Tariquía, aún no se encuentra vigente, debido a que la empresa todavía no fue notificada oficialmente con la resolución judicial.
Bolívar explicó que la medida fue dispuesta mediante un auto interlocutorio emitido por el Juzgado Agroambiental, el cual contempla 17 puntos resolutivos, entre ellos la obligatoriedad de paralizar las actividades. Sin embargo, aclaró que, conforme a la norma, la pausa ambiental se computa únicamente a partir de la notificación formal y personal al representante legal de PETROBRAS, lo que hasta el momento no se ha concretado.
La representante defensorial señaló que el proceso de notificación implica una serie de trámites administrativos y legales, ya que debe realizarse de manera personal, lo que ha generado una demora. No obstante, aseguró que la Defensoría del Pueblo se encuentra diligenciando activamente todas las actuaciones necesarias para que la empresa sea notificada lo antes posible, estimando que este procedimiento podría concretarse entre hoy o mañana.
Asimismo, indicó que en el marco del proceso se han emitido comisiones instruidas y se ha convocado a diversas instituciones como terceros interesados, entre ellas la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General y el SERNAP, las cuales han sido llamadas a participar formalmente dentro de esta causa por su competencia en materia ambiental y de control estatal.
Bolívar precisó que estas instituciones deben responder y apersonarse al proceso, ya que forman parte de los actores convocados por la autoridad judicial. Además, se ha considerado la participación de representantes de las comunidades afectadas, quienes también podrán intervenir como terceros interesados en defensa del territorio y del área protegida de Tariquía.
Finalmente, la delegada de la Defensoría informó que el próximo 13 de febrero, en el Tribunal Agroambiental de Entre Ríos, se desarrollará una audiencia en la que las partes convocadas presentarán sus alegatos correspondientes. En ese espacio se abordará de manera formal el fondo del conflicto ambiental y se reforzarán las acciones legales orientadas a garantizar el cumplimiento efectivo de la pausa ambiental.