El gobernador de Tarija, Oscar Montes Barzón, confirmó que el Ministerio de Salud efectuó un débito de 8 millones de bolivianos de las cuentas del sistema departamental de salud, recursos que estaban destinados al funcionamiento del Seguro Universal de Salud (SUS) y a la administración autónoma de los distintos centros asistenciales. La autoridad calificó esta acción como un daño grave a la estructura financiera y operativa del sector.
Montes detalló que, al inicio de la semana, el sistema de salud de Tarija contaba con 29 millones de bolivianos, de los cuales 18 millones (60%) pertenecían al SUS, recursos que debían utilizarse exclusivamente para comprar medicamentos, pagar a farmacias y garantizar la atención en hospitales y centros de salud.
+En esa línea, explicó que los montos en las cuentas de cada unidad tenían fines específicos, como los 3.3 millones del Hospital San Juan de Dios, los montos del Banco de Sangre, el SEDES, INTRAID, el Materno Infantil y otras unidades desconcentradas.
El gobernador remarcó que su gestión mantiene una política de respeto a la autonomía administrativa de los hospitales, permitiendo que sean los directores y administradores quienes manejen sus propios recursos, sin que la Gobernación interfiera para otros fines. Por ello, afirmó que el débito ejecutado por el Ministerio de Salud afecta directamente a la operatividad de cada centro, al privarlos de fondos que ya estaban comprometidos para diferentes necesidades.
Según Montes, el débito se distribuyó de manera desigual entre distintas unidades: el Chaco habría cubierto 1.9 millones, mientras que al SUS se le descontaron 5 millones, y el resto fue afectado a instituciones como el INTRAID y el Hospital Virgen de Chaguaya. Subrayó que, en los hechos, el pago del bono de vacunación para el personal del Ministerio de Salud se financió con recursos del propio sistema de salud tarijeño.
Ante esta situación, la Gobernación envió una carta oficial a la ministra de Salud exigiendo la reposición inmediata de los montos retirados, argumentando que no existe posibilidad financiera de cubrir ese hueco presupuestario desde el nivel departamental. Montes recordó que una sentencia constitucional del Tribunal del Beni obliga al Ministerio a restituir los fondos y advirtió que el incumplimiento afectará la continuidad de servicios esenciales.
Finalmente, reiteró que el mayor daño no recae en la Gobernación, sino en la administración autónoma de los centros de salud, que ahora carecen de los recursos necesarios para mantener su funcionamiento adecuado. Señaló que esta acción centralista vulnera la estabilidad del sistema sanitario departamental y pone en riesgo la provisión de servicios médicos a la población.
