El senador nacional César Mentasti informó que se identificaron 12 puntos de bloqueo críticos donde fallecieron más de una veintena de personas debido a la imposibilidad de recibir asistencia médica. El legislador aseguró que, de manera paralela, la Asamblea Legislativa fiscaliza las denuncias de corrupción en la Aduana Nacional, señalando que ningún delito debe quedar en la impunidad.
El Órgano Legislativo boliviano asumirá un rol activo en los procesos penales activados tras las protestas sociales que paralizaron al país. El senador nacional César Mentasti anunció que desde la Asamblea Legislativa se trabaja exhaustivamente para recopilar y viabilizar todos los elementos probatorios que coadyuven a la justicia ordinaria a sancionar a los dirigentes y financistas responsables de promover los bloqueos de caminos que se extendieron por más de 50 días. El parlamentario remarcó que las pesquisas se centran en establecer las responsabilidades directas e indirectas por el fallecimiento de más de 20 ciudadanos atrapados en las carreteras.
Mentasti argumentó que el derecho a la protesta no puede estar por encima del derecho constitucional a la vida y la salud de los bolivianos.
"Para la gente que tiene responsabilidad directa o indirecta con respecto a los fallecimientos de estas veintipico personas en los 50 y pico días de bloqueo, vamos a trabajar para dar todos los elementos probatorios suficientes. Hemos identificado 12 puntos de bloqueo donde ha fallecido gente, hombres y mujeres, por no poder recibir asistencia médica o por el freno a las ambulancias. ¿Quiénes bloqueaban, quiénes comandaban y quiénes financiaban esos puntos? Son preguntas que el Ministerio Público debe responder para imputar a quien corresponda. Si alguien es responsable, le caerá todo el peso de la ley". — César Mentasti, Senador Nacional.
Identificación de cabecillas y contacto con las víctimas
El plan de acción coordinado por el legislativo contempla un abordaje directo con los familiares de los fallecidos para robustecer las carpetas acusatorias de cara a los próximos juicios orales. Mentasti detalló el caso específico de un dirigente —cuya identidad se mantiene en reserva estratégica— que cuenta con indicios manifiestos de haber comandado dos puntos de bloqueo específicos en las redes viales fundamentales, lugares donde se constató el deceso de cuatro personas que no pudieron llegar a centros hospitalarios.
Los ejes de la investigación impulsada desde las comisiones legislativas se estructuran bajo las siguientes tareas:
- Recopilación de testimonios: Contacto directo con los deudos y sobrevivientes para registrar las versiones de los hechos ocurridos en las carreteras.
- Mapeo de piquetes: Identificación técnica de los 12 puntos de bloqueo donde se registraron las pérdidas humanas para individualizar las responsabilidades penales de los comandantes de grupo.
- Rastreo financiero: Aportar indicios sobre el origen de los recursos que sostuvieron logísticamente las movilizaciones durante casi dos meses.
Fiscalización penal sin distinciones: El caso de la Aduana
Respecto a las posturas emitidas por los dirigentes de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, quienes demandaron al Gobierno central procesar con la misma dureza los hechos de corrupción pública que las protestas sociales, el senador Mentasti manifestó su total coincidencia. El legislador tarijeño aclaró que la justicia debe aplicarse con ecuanimidad y rigurosidad, sin importar si el delito corresponde a un actor social de oposición o a un funcionario público.
En ese marco, la autoridad legislativa ratificó que la representación parlamentaria ya ejerce sus facultades de fiscalización sobre las recientes denuncias que salpican a la administración aduanera del país. Para ello, confirmó que ya se están cursando las invitaciones y requerimientos formales al gerente nacional de la Aduana con el fin de que comparezca ante el pleno legislativo y preste un informe detallado con sus respectivos descargos, garantizando que el combate a la corrupción económica avanzará al mismo ritmo que el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en las rutas.