Diez meses después de su posesión como magistrada electa, Paola Verónica Prudencio Candia asumió la presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego de que la Justicia ordenara el cese inmediato de los magistrados autoprorrogados que mantenían el control de la institución.
Su llegada marca un punto de quiebre tras años de cuestionamientos por la falta de legitimidad en la máxima instancia constitucional.
En su discurso, Prudencio resaltó la fortaleza democrática que le otorga su elección en los comicios judiciales de diciembre de 2023, subrayando que, pese a que los magistrados electos contaban con legitimidad popular, continuaban subordinados a autoridades sin mandato vigente. La presidenta hizo un llamado a la ciudadanía a recuperar la confianza en las instituciones públicas.
“Hoy les pedimos que renueven su fe en las instituciones”, expresó la nueva autoridad, asegurando que los magistrados electos asumen el mando “en medio de la tormenta” con el compromiso de llevar al TCP hacia un funcionamiento transparente y eficiente. Sus palabras aludieron a la crisis institucional generada por la resistencia de los autoprorrogados.
Prudencio también anunció las decisiones adoptadas por la Sala Plena, que actualmente opera con cuatro magistrados: Ángel Edson Dávalos Rojas, Boris Wilson Arias López, Paola Prudencio y Amalia Laura Villca. Afirmó que existe suficiente jurisprudencia para trabajar válidamente con este número reducido mientras se reestructura la institución.
Entre las medidas aprobadas destacan la conformación de nuevas salas, la implementación de sorteos públicos de expedientes, la unificación jurisprudencial, la acumulación de causas para descongestionar procesos, la elaboración de reglamentos internos, además de auditorías y revisiones presupuestarias. Asimismo, la Sala Plena determinó retirar el cerco de seguridad que rodeaba el edificio del TCP, en señal de apertura institucional.
La presidenta denunció que los exmagistrados autoprorrogados mantenían las oficinas cerradas y no asistían a cumplir sus funciones, contrastando esa situación con la administración de 2018, que —según recordó— dejó el Tribunal con cero mora procesal. Estas prácticas habrían agravado la crisis interna del TCP.
Prudencio alertó que la nueva gestión recibió más de 17.000 causas pendientes, una cifra que calificó como alarmante. Aseguró que ya se solicitaron informes oficiales para determinar el número real de expedientes acumulados y responder con celeridad a la demanda ciudadana de una justicia constitucional inmediata y efectiva.
Vía: El Deber