Esteban Ortuño, director de Gestión Autonómica y Desarrollo Competencial del Municipio de Tarija, defendió la legalidad del proyecto de fotomultas, afirmando que está enmarcado dentro de las competencias municipales establecidas por la Constitución Política del Estado. Cuestionó duramente a legisladores regionales y nacionales que critican la iniciativa, acusándolos de ir en contra de la autonomía tarijeña que, según recordó, fue conquistada por el propio pueblo y debe ser defendida desde todas las instancias.
Ortuño explicó que el proyecto de fotomultas no requiere licitación porque no implica el uso de recursos económicos municipales. Aclaró que la empresa privada presentó una propuesta para instalar equipos en solo cinco puntos de control, con posibilidad de ampliar a diez. “La inversión corre por cuenta de la empresa, no del municipio, por lo tanto, no corresponde una licitación”, afirmó. Añadió que este tipo de proyectos ya se aplican en otras ciudades como La Paz y Santa Cruz desde 2015, por lo que no se entiende la resistencia en Tarija.
El funcionario subrayó que el proyecto busca salvar vidas y mejorar la movilidad urbana mediante el control del tránsito, actividad para la cual el gobierno municipal tiene plena competencia, según el artículo 300 de la Constitución y la Ley General de Tránsito. Asimismo, recordó que el Tribunal Constitucional ya ha respaldado este tipo de medidas en sentencias previas, legitimando las sanciones municipales de tránsito urbano.
Finalmente, Ortuño detalló que la distribución de los ingresos generados por las fotomultas será del 51% para el municipio y 49% para la empresa ejecutora. El dinero que recibe el municipio será destinado exclusivamente a proyectos de movilidad urbana. Recalcó que el proceso sigue en evaluación económica y técnica, y aseguró que el municipio está abierto a recibir otras propuestas para cubrir los más de 600 puntos de semáforos y reductores de velocidad en la ciudad.
Concejal de Tarija exige suspender contrato de fotomultas por posibles ilegalidades
La concejal municipal de Tarija, Raquel Ramos, anunció que solicitará formalmente al alcalde la suspensión del contrato con la empresa encargada del sistema de fotomultas, argumentando serias irregularidades legales y económicas.
Ramos afirmó que la implementación de este tipo de sanciones requiere una ley municipal específica, ya que no se puede tipificar una infracción sin una norma expresa. Además, denunció que el contrato fue suscrito en 2022 sin la aprobación del Concejo Municipal, vulnerando la Ley de Contratos y el procedimiento legal que exige su revisión en un plazo de 20 días hábiles.
Ramos también cuestionó el modelo económico del acuerdo, señalando que cada multa costaría alrededor de 342 bolivianos, de los cuales la mitad iría a manos de la empresa operadora, presuntamente extranjera. Con cinco cámaras instaladas y un promedio estimado de 200 infracciones diarias por equipo, la concejal calculó que la firma estaría recibiendo aproximadamente 170 mil bolivianos por día. Criticó que se trate de una concesión indebida de competencias exclusivas del gobierno municipal, señalando que este servicio no debería ser delegable.
Finalmente, la concejal advirtió sobre una posible vulneración de derechos por el uso de datos personales registrados en el RUAT, como direcciones y teléfonos, que habrían sido entregados a la empresa privada. Según Ramos, esta práctica violaría la Ley SAFCO y la Ley de Autonomías. En ese sentido, exigió un análisis jurídico riguroso del contrato y reiteró su pedido para detener de inmediato el proceso administrativo hasta esclarecer todas las dudas legales.