La crisis penitenciaria volvió a encender las alarmas en el penal de Morros Blancos, en Tarija, donde los privados de libertad anunciaron nuevas medidas de presión ante la persistente retardación de trámites judiciales, denuncias de malos tratos y un clima creciente de violencia al interior del recinto.
Pese a la vigencia del indulto carcelario promulgado hace más de un mes por el expresidente Luis Arce, los internos denunciaron que ninguno ha logrado acceder a este beneficio debido a la burocracia y la demora en la emisión de certificados por parte del Órgano Judicial, situación que incrementa la tensión y la frustración en el penal.
El escenario se agravó en los últimos días con un intento de suicidio de un interno, quien fue encontrado en su celda tras intentar quitarse la vida con una soga. El hecho obligó a una intervención de emergencia y a su posterior traslado a un centro hospitalario, reavivando la preocupación por el estado psicológico de la población carcelaria.
Según datos oficiales de Régimen Penitenciario, hasta mayo de 2025 la población penitenciaria del país alcanzaba las 33.275 personas, lo que representa un hacinamiento del 190%. En el caso de Morros Blancos, se estima que más de 1.300 internos ocupan una infraestructura diseñada para unas 700 personas.
Reportes coinciden en que muchos privados de libertad carecen de condiciones mínimas, como colchones o mantas, mientras que el hacinamiento, la falta de servicios y la precariedad generan violencia, estrés y adicciones, factores que dificultan cualquier proceso de reinserción social.
Las denuncias de presuntos malos tratos también incluyen un caso de posible tortura, constatado por la Defensoría del Pueblo, que verificó marcas de cuerdas en las muñecas de un interno. El hecho activó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y obligó a un seguimiento médico tras requerir tratamiento con antibióticos.
En el plano nacional, el Defensor del Pueblo advirtió que unos 3.000 internos enfrentan trabas similares para acceder al indulto y que, pese a compromisos del Tribunal Supremo de Justicia, no existen plazos claros para la conclusión de los trámites, lo que mantiene el malestar en varios recintos del país.
Ante este panorama, el nuevo comandante departamental de la Policía, coronel Marco Antonio Rojas, convocó a instituciones de derechos humanos y a Régimen Penitenciario para abordar denuncias de violencia y extorsión, acordando reforzar la seguridad, revisar procesos disciplinarios y mejorar los protocolos y la capacitación del personal penitenciario.
Vía: El País, Tarija