El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este martes enfocar los esfuerzos del Estado en los líderes del crimen organizado, tras la polémica “Operación Contención” en Río de Janeiro, que dejó más de 120 muertos, incluidos cuatro agentes policiales. El mandatario hizo un llamado a fortalecer la inteligencia y la coordinación de las fuerzas de seguridad, asegurando que la lucha contra el narcotráfico debe centrarse en quienes “financian y dirigen las facciones criminales”.
A través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), Lula afirmó que el Gobierno trabaja para “desarticular la columna vertebral del narcotráfico”, destacando la confiscación de 19.800 millones de reales a organizaciones criminales desde 2023, lo que calificó como “la mayor pérdida jamás infligida a la delincuencia”. Estas medidas buscan debilitar las redes financieras y el poder político de las bandas que operan en las favelas brasileñas.
El presidente defendió el desempeño de su administración en materia de seguridad, señalando que los operativos de la Policía Federal aumentaron un 80 % desde 2022, pasando de 1.875 a 3.393 en 2024. Además, destacó que en ese mismo año se decomisaron 850 toneladas de droga, un “récord histórico” para el país. En lo que va de 2025, ya se realizaron 2.922 operaciones policiales.
Como parte del plan para endurecer la lucha contra el crimen, Lula anunció el proyecto de ley Antipandillas, que busca aumentar las penas y asfixiar financieramente a las organizaciones criminales, junto con la enmienda de Seguridad Pública, orientada a integrar las fuerzas policiales y garantizar recursos permanentes a estados y municipios. “Estas medidas completan el ciclo de seguridad”, afirmó.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Brasil ordenó al Gobierno de Río de Janeiro preservar todas las pruebas relacionadas con la operación, incluyendo peritajes y cadenas de custodia. La decisión, emitida por el juez Alexandre de Moraes, busca asegurar transparencia y facilitar una investigación del Ministerio Público, tras las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el operativo.
El megaoperativo, ejecutado en los complejos de favelas Penha y Alemão, movilizó a 2.500 agentes policiales con el objetivo de desarticular al Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones del narcotráfico en Brasil. Las cifras de fallecidos aún son contradictorias: la Defensoría Pública reporta 132 muertos, mientras que el Gobierno regional reconoce 121.
La magnitud de la violencia ha desatado una fuerte controversia nacional e internacional. La ONU y organismos de derechos humanos han solicitado investigaciones independientes, cuestionando la proporcionalidad del operativo. Según las autoridades estatales, la mayoría de los fallecidos tenía antecedentes por narcotráfico u homicidio, aunque de las 100 órdenes de captura emitidas, solo 20 fueron cumplidas. Entre los muertos figuran 40 presuntos líderes criminales provenientes de otros estados, supuestamente vinculados al Comando Vermelho.
Fuente: Infobae