El sistema judicial boliviano enfrenta serias limitaciones presupuestarias que, según sus autoridades, impiden encarar reformas estructurales y combatir la corrupción de manera efectiva. Desde el Tribunal Supremo de Justicia advierten que la actual asignación de recursos es insuficiente para cubrir las necesidades básicas del sector.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, señaló que el presupuesto actual —que supera apenas los 1.100 millones de bolivianos— resulta “ínfimo” frente a la magnitud de los desafíos que enfrenta el Órgano Judicial en todo el país.
Esta falta de recursos impacta directamente en el funcionamiento del sistema, ya que limita la modernización tecnológica, la creación de nuevos juzgados y la mejora de infraestructura en los distintos departamentos.
Saucedo explicó que, pese a existir voluntad de transformación, las limitaciones económicas frenan cualquier intento de reforma. “Se pueden tener intenciones, pero sin recursos no se puede avanzar”, sostuvo la autoridad.
Ante este panorama, el Órgano Judicial impulsa dos proyectos de ley orientados a mejorar su financiamiento. El primero plantea que se destine el 5% del Presupuesto General del Estado para garantizar un funcionamiento adecuado del sistema de justicia.
El segundo proyecto busca habilitar el uso de recursos provenientes de depósitos judiciales que actualmente se encuentran inmovilizados, con el fin de destinarlos a mejorar la operatividad institucional.
Sin embargo, Saucedo lamentó que estas iniciativas aún no hayan sido tratadas en la Asamblea Legislativa, lo que retrasa la implementación de cambios urgentes dentro del sistema judicial.
Asimismo, mencionó que otros proyectos importantes, como el relacionado al Juicio de Responsabilidades y ajustes en el Impuesto al Consumo Específico (ICE), también permanecen pendientes de tratamiento legislativo.
La autoridad anticipó que, tras las elecciones subnacionales, se buscará consensuar posiciones con las distintas instancias del Órgano Judicial, incluyendo el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y los tribunales departamentales.
Finalmente, Saucedo reconoció que la falta de presupuesto está directamente vinculada a la corrupción, al señalar que los bajos salarios hacen más vulnerable al personal judicial. “Es más fácil corromper al que gana menos”, afirmó, advirtiendo que sin una inversión adecuada, el sistema seguirá expuesto a prácticas irregulares.
