El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Pascual Velásquez, expresó su preocupación por el incremento sostenido en los precios de los materiales de construcción, tanto importados como nacionales, lo que estaría generando serios problemas en la ejecución de obras públicas y privadas en todo el país.
Según explicó, la subida del dólar inicialmente afectó a los insumos extranjeros, pero en los últimos meses también se ha registrado un alza considerable en productos fabricados localmente como el cemento, ladrillo, cerámica y madera.
Velásquez señaló que esta situación afecta directamente a uno de los sectores que más empleos genera en Bolivia, con alrededor de un millón y medio de puestos de trabajo vinculados a la construcción.
El incremento de los costos —que en algunos casos supera el 60%— ha obligado a muchas empresas constructoras a detener sus proyectos, generando un riesgo de paralización masiva en obras de gran envergadura en todo el territorio nacional.
El titular de la SIB dio ejemplos concretos de la variación de precios: el cemento, que costaba 45 bolivianos, ahora se vende entre 60 y 70; la cerámica, que antes se ofrecía a 25 bolivianos el metro cuadrado, hoy alcanza hasta 45; y la madera, que pasó de costar entre 4 y 5 bolivianos el pie cuadrado a 7.
Estos incrementos, sostuvo, impactan directamente en la sostenibilidad financiera de las empresas constructoras, que se ven imposibilitadas de continuar con sus contratos bajo los precios originales.
Ante esta crisis, Velásquez solicitó al Gobierno la ampliación del decreto supremo de ajuste de precios, cuya vigencia fenece a fin de mes, y que se incluya dentro de la norma la posibilidad de actualizar también los costos de los materiales producidos en el país.
Los decretos anteriores, recordó, solo contemplaban los insumos importados, lo que deja en desventaja a las constructoras que dependen principalmente de materiales nacionales.
Finalmente, advirtió que, de no aprobarse esta ampliación, muchas empresas podrían entrar en quiebra o suspender sus obras de forma indefinida, lo que afectaría tanto a la inversión pública como privada.
Velásquez hizo un llamado urgente al Gobierno para que brinde una solución estructural que permita reactivar el sector y evitar la pérdida de miles de empleos en el ámbito de la construcción.
