La importación de diésel y gasolina en Bolivia se ha más que duplicado en la última década, pasando de $us 1.257 millones en 2015 a $us 2.681 millones en 2024, lo que representa un incremento del 113%. En total, el país destinó $us 16.155 millones para la compra de combustibles en ese periodo, debido principalmente a la caída en la producción nacional de petróleo y condensado, que pasó de 17,9 millones de barriles en 2015 a apenas 7,5 millones en 2024.
La situación se agravó por la baja disponibilidad de divisas, lo que ha complicado la capacidad del Estado para importar carburantes. Según el presidente Luis Arce, la raíz del problema se encuentra en la falta de inversión en exploración tras la nacionalización de 2006. A esto se suma la falta de aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa por más de $us 1.800 millones, el alza del precio internacional del crudo y el sabotaje político, según el Ejecutivo.
Arce detalló que actualmente el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que se consume en el país es importado. En 2014, Bolivia producía el 78% de su gasolina. La caída de la producción de gas natural también impactó negativamente, ya que disminuyó la producción de diésel. En respuesta, el Gobierno afirma haber iniciado desde 2021 al menos 28 proyectos de exploración, además de campañas para frenar la especulación y garantizar el abastecimiento.
El problema se agrava con el elevado subsidio estatal a los combustibles, que alcanzó los $us 2.000 millones en 2023, cifra diez veces superior a la subvención registrada hace 15 años. De ese monto, se estima que $us 600 millones se pierden anualmente por contrabando. Esta situación ha llevado al Gobierno a intensificar los operativos para frenar el desvío de carburantes hacia actividades ilegales o mercados fronterizos.
En lo que va de 2025, se han incautado más de 1,2 millones de litros de combustibles desviados, y en mayo se interceptaron seis cisternas con más de 100.000 litros de diésel en El Alto. Según el Viceministerio del área, en solo dos meses, estas cisternas habrían movido 3,6 millones de litros con ganancias estimadas en Bs 40 millones por reventa ilegal. Las autoridades reiteran que seguirán enfrentando el contrabando como parte de su estrategia para proteger los recursos del Estado.
Vía: La Razón