El Gobierno presentó un informe que revela un panorama crítico de las empresas públicas creadas durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, al denunciar un “saqueo institucional” de 7.750 millones de dólares a las reservas internacionales. Según las autoridades, muchas de estas factorías carecen de energía, materia prima o condiciones operativas, pero mantienen planillas completas de personal.
De acuerdo con el reporte oficial, en los últimos 20 años se crearon 67 empresas estatales, de las cuales cuatro ya fueron cerradas con una pérdida de 122 millones de dólares y cinco se encuentran en quiebra técnica. Para el cierre definitivo de estas últimas, el Estado necesitaría destinar al menos 697 millones de bolivianos, según datos presentados por el Ejecutivo.
El informe fue expuesto por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo; el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares; y el director de la Oficina Técnica de Fortalecimiento de la Empresa Pública, Pablo Camacho. Las autoridades sostienen que muchas de estas iniciativas respondieron más a consignas ideológicas y decisiones políticas que a criterios técnicos y de sostenibilidad económica.
Uno de los casos emblemáticos es la Empresa Azucarera San Buenaventura (AESBA), inaugurada en 2015 en el norte de La Paz. Tras una década de funcionamiento, la planta solo opera al 35% de su capacidad y, según el Gobierno, ha devuelto apenas el 9% de un préstamo superior a 1.800 millones de bolivianos otorgado por el Banco Central de Bolivia.
El viceministro Linares denunció que la empresa evitó ser declarada en mora gracias a reiteradas ampliaciones de periodos de gracia, que se extendieron por 13 años. “Eso ya no va a pasar”, advirtió, al anunciar que se investigará a los responsables de estas decisiones financieras.
Entre las empresas en quiebra técnica que aún siguen activas figura una planta de cemento en Chiutara, Potosí, cuya construcción comenzó en 2017 pero que nunca operó por falta de gas y agua. Pese a ello, mantiene una planilla completa de trabajadores, según explicó Camacho.
Otro ejemplo señalado es la planta de camélidos en Turco, Oruro, construida con una inversión de 73,3 millones de bolivianos. De acuerdo con el informe, la factoría está sobredimensionada y, de operar a plena capacidad, podría agotar en pocos meses la población de llamas de la zona.
El Gobierno también cuestionó proyectos como la empresa tecnológica Quipus, creada para ensamblar computadoras con fines sociales, así como plantas de granos sin energía eléctrica, una fábrica de papas fritas considerada estratégica y un centro de confinamiento ganadero en Santa Cruz sin una sola res. Para el Ejecutivo, estos casos reflejan un rumbo equivocado en la política de empresas públicas y un alto costo económico para el Estado.
Vía: El Día