El gobernador de Tarija, Oscar Montes, afirmó que la caída de las regalías ha llevado a una situación económica crítica en la gobernación, lo que hace imposible cumplir con más de 90 leyes departamentales que requieren 450 millones de bolivianos, cuando los ingresos apenas llegarán a 240 millones.
Montes explicó que la deuda heredada es alta, con pagos anuales de 100 millones por fideicomisos y un total de 1.000 millones que aún deben devolverse al banco. Ante esta realidad, Montes reiteró su pedido a la Asamblea Legislativa para modificar leyes y aliviar la carga económica.
En cuanto a los programas sociales, el gobernador aseguró que se intentará mantenerlos, pero que son necesarios ajustes. En el caso de la canasta alimentaria del adulto mayor, dijo que se debería restringir a quienes realmente la necesiten, excluyendo a jubilados con ingresos estables. Sobre el PROSOL, mencionó que su monto actual es insostenible y requerirá modificaciones normativas en el futuro. Montes enfatizó que estos cambios no buscan eliminar programas, sino hacerlos más sostenibles en el tiempo.
Respecto a las acusaciones de que el ejecutivo pretende cerrar servicios departamentales mediante decretos, afirmó que esto es una facultad de la gobernación, respaldada por la Constitución y las leyes de autonomía. “El estatuto y la ley marco de autonomía, la propia constitución política del estado le faculta al gobernador a emitir decretos para organizar el órgano ejecutivo”, aseguró Oscar Montes.
Finalmente, Montes hizo hincapié que la gobernación ya cerró el servicio que más gasto le representaba y se refirió al cierre del SEDECA. Según la autoridad fue una medida clave para reducir gastos, ya que esta institución consumía hasta 160 millones de bolivianos al año sin resultados eficientes. En su reemplazo, la Dirección de Administración Vial (DAV) opera con solo 12 millones y ha logrado aumentar la cobertura en cuanto al mantenimiento de caminos.