Un escándalo envuelve a la Intendencia Municipal de Tarija tras una denuncia presentada por la propietaria de una licorería en la calle 4 de Julio. Según imágenes de cámaras de seguridad, la noche del 21 de agosto, cuatro personas con uniforme de la institución ingresaron al local y se llevaron varias bebidas alcohólicas, algunas presuntamente de contrabando y otras de mayor valor, que no estaban registradas.
La comerciante señaló que, a diferencia de los decomisos habituales, en los que la mercadería es destruida, en este caso los funcionarios se la llevaron consigo.
El hecho generó dudas sobre la legalidad del operativo, ya que los cuatro individuos actuaron sin el acompañamiento de la Guardia Municipal, como ocurre normalmente en los controles oficiales. La denuncia provocó que medios locales iniciaran su propia indagación para esclarecer la identidad y la situación laboral de los presuntos responsables.
Una investigación del periodista Rudy Ordóñez, de Televisión Andalucía, reveló que los involucrados no tendrían actualmente un contrato laboral vigente con la Intendencia. Tres de ellos figuran como consultores en línea y uno como funcionario de planta, aunque no existía evidencia de que la intervención realizada formara parte de un operativo autorizado. Esta irregularidad incrementa las sospechas de un posible uso indebido de la institución para fines personales.
Consultado sobre el tema, el intendente municipal evitó brindar información, argumentando que el caso se encuentra en manos de otras instancias y que se debe respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, la unidad de Transparencia confirmó que abrió de oficio una investigación por un posible hecho de corrupción.
Los cuatro denunciados ya fueron notificados para presentar sus descargos en un plazo de diez días, mientras que la Intendencia deberá entregar información detallada sobre su situación. El proceso contempla que, en un máximo de 45 días, Transparencia emita un informe a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) sobre las responsabilidades identificadas.
De hallarse indicios de corrupción administrativa, los funcionarios enfrentarán un proceso sumariante dentro de la institución. En caso de que se confirme la existencia de un delito, el caso será remitido a la Fiscalía para su investigación penal correspondiente. La población, por su parte, exige respuestas rápidas y transparentes sobre un hecho que afecta directamente la credibilidad de la entidad municipal.
Vía: El Andaluz