La abogada Patricia Vargas Yarvi, representante legal de ciudadanos argentinos que denuncian presuntos malos procedimientos por parte de funcionarios de la Aduana, informó que el Ministerio Público ya inició la fase preliminar de investigación para determinar si corresponde o no la imputación formal de servidores públicos involucrados en el caso.
Vargas explicó que la causa se encuentra radicada en la Fiscalía Departamental, donde ya se aperturó un proceso penal contra funcionarios aduaneros por varios presuntos delitos, entre ellos hechos de corrupción, además de irregularidades administrativas y faltas disciplinarias. Señaló que actualmente se están reuniendo elementos probatorios suficientes para sustentar una eventual imputación.
La jurista indicó que la investigación fue asumida por la Fiscalía, a partir de la denuncia presentada por José Luis Sánchez, ciudadano argentino que reportó el robo de su vehículo y cuestionó el procedimiento administrativo realizado por la Aduana, el cual —según la defensa— presenta vicios de nulidad y vulneraciones al debido proceso.
Asimismo, Vargas confirmó que personal del Consulado de Argentina sostuvo reuniones con la Fiscalía y anunció que realizará un seguimiento permanente del caso, dada la gravedad de los hechos y la afectación a ciudadanos extranjeros. Aclaró que el número de funcionarios implicados aún no está definido, ya que en este tipo de investigaciones “las responsabilidades pueden ampliarse conforme avanza el proceso”.
Respecto a la postura de la Aduana, que argumenta la inexistencia de una denuncia de robo previa al comiso del vehículo, la abogada calificó la interpretación como lamentable, señalando que la normativa invocada —en referencia al Acuerdo de Asunción— presenta vacíos legales, ya que no establece qué ocurre cuando la denuncia se presenta después del comiso.
Finalmente, Vargas advirtió que este tipo de procedimientos ya habría afectado a otras personas en el pasado, quienes nunca lograron recuperar sus vehículos, por lo que consideró urgente que las autoridades revisen y adecuen la normativa vigente para evitar que situaciones similares se repitan y para garantizar responsabilidades claras en caso de irregularidades.