
El exministro de Justicia, Jorge Franz García, anunció que iniciará acciones legales contra el vicepresidente Edmand Lara, luego de que éste afirmara públicamente que García enfrentaba un “rosario de procesos” por delitos graves. La denuncia surge en un contexto político tenso, marcado por el inminente cierre del Ministerio de Justicia.


El anuncio de la querella se realizó horas antes de que el presidente Rodrigo Paz confirmara el cierre definitivo de la cartera, medida que —según se conoció— había sido una condición planteada por García para aceptar el cargo. El exministro se vio sorpresivamente afectado por la decisión, que disolvió el ministerio que acababa de asumir.
García expresó su indignación por las declaraciones de Lara, acusándolo de usar su investidura para vulnerar derechos. Señaló que las afirmaciones del vicepresidente dañaron su imagen profesional y afectaron emocionalmente a su familia.
En un mensaje dirigido a los medios, el exministro denunció la violación de su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Afirmó que las opiniones de Lara no solo lo difamaron, sino que también impactaron a su entorno más cercano, lo que lo motivó a actuar judicialmente “como un ciudadano de a pie”.
García aseguró que presentará las acciones penales “de inmediato”, advirtiendo que no puede permitirse que autoridades con poder político o mediático vulneren derechos fundamentales. Recalcó que tanto él como su equipo jurídico están libres de sentencias condenatorias que cuestionen su integridad.

El conflicto escaló después de que Lara difundiera un video en el que mostraba más de 10 presuntos procesos abiertos contra García en La Paz. Minutos más tarde, el presidente Paz confirmó el cierre del Ministerio de Justicia, argumentando que cumplía así su promesa electoral de evitar “injerencia política” en el sistema judicial.
Finalmente, el presidente reveló que García Pinto fue designado de manera “emergente” tras la salida de Freddy Vidovic, quien tuvo que ser removido al constatarse que contaba con una sentencia ejecutoriada. La controversia deja abierta una nueva disputa en la cúpula del Ejecutivo.

Vía: La Patria
