La Justicia boliviana determinó 90 días de detención preventiva para Gabriela Delgadillo, exgerente de Productos Industrializados y Derivados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. La decisión fue asumida tras la audiencia cautelar desarrollada en el marco de una investigación por supuestas irregularidades administrativas.
Durante la audiencia, la exfuncionaria optó inicialmente por abstenerse de declarar ante el Ministerio Público, decisión asumida junto a su defensa técnica. La Fiscalía sostuvo que existen indicios que la vinculan con la firma de documentos utilizando atribuciones que no correspondían a su cargo dentro de la estatal petrolera.
El fiscal Daniel Ortuño explicó que Delgadillo habría suscrito documentación como vicepresidenta de YPFB sin contar con la designación oficial para ejercer ese puesto. Según la autoridad, los elementos recolectados permiten sostener, en esta etapa preliminar, la probabilidad de autoría en el delito de usurpación de funciones, además de señalar que otro funcionario también se encuentra bajo investigación.
El juez valoró los elementos presentados por el Ministerio Público y dispuso la detención preventiva mientras continúan las investigaciones. Posteriormente, la imputada decidió romper el silencio en audiencia y defendió su inocencia, argumentando que actuó conforme a la normativa vigente.
La aprehensión fue ejecutada por efectivos del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tras una denuncia presentada por la propia empresa estatal. Luego del operativo, Delgadillo fue trasladada a dependencias policiales para su comparecencia ante la Fiscalía.
Al salir de la audiencia, la exgerente cuestionó la resolución judicial y calificó la decisión como política, asegurando que sus pruebas no fueron valoradas por la autoridad jurisdiccional. Sostuvo que su actuación dentro de YPFB se realizó con designaciones legales y dentro del marco administrativo correspondiente.
Delgadillo afirmó que la imputación se basa únicamente en el uso de un sello institucional, lo que —según su versión— no constituye delito. Insistió en que contaba con respaldo administrativo y que su actuación respondía a funciones ejercidas en suplencia.
Por su parte, su abogado defensor, Ariel Góngora, cuestionó la legalidad de la aprehensión al señalar que no existió una citación previa para que su defendida preste declaración informativa. Asimismo, advirtió sobre el estado de salud de la exfuncionaria, quien habría sido sometida recientemente a una cirugía cardíaca.
La defensa anunció la presentación de una apelación contra la medida cautelar y reiteró que no existen contratos irregulares firmados por Delgadillo. Según el jurista, la acusación se sustenta únicamente en la interpretación del uso de sellos administrativos, documentación que —aseguró— será presentada durante el proceso.
El caso forma parte de una investigación más amplia por presuntas irregularidades en la gestión interna de YPFB y continuará mientras la Fiscalía reúne mayores elementos probatorios durante el periodo de detención preventiva dispuesto por la autoridad judicial.
Vía: El Deber