El conflicto entre el Gobierno y el sector empresarial por la Disposición Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 sigue sin solución. La normativa, que faculta al Ejecutivo a decomisar mercadería considerada como acopiada con fines especulativos, ha sido duramente criticada por empresarios y gremialistas, quienes la califican como una amenaza a la propiedad privada.
Más de una decena de instituciones empresariales han exigido la derogación de esta disposición, advirtiendo que, de no ser atendidos, llevarán a cabo un paro nacional movilizado de 24 horas el 10 de febrero. Ante esto, el Gobierno ha reiterado que el presidente Luis Arce no tiene la facultad de derogar la normativa, ya que su modificación corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En respuesta, los sectores afectados realizaron una reunión multisectorial en Sucre, con la participación de productores, transportistas y exportadores, además de representantes cívicos de Chuquisaca y Potosí. Los dirigentes sostienen que la disposición fue incluida sin consulta previa y denuncian que su aplicación agravaría la crisis económica en lugar de combatir la especulación.
Pese a la convocatoria del Gobierno para dialogar sobre la reglamentación de la medida, los empresarios han rechazado cualquier intento de negociación que no contemple su derogación. Desde el Ejecutivo, el viceministro Jorge Silva defendió la norma, señalando que su objetivo es regular el mercado y evitar el encarecimiento de productos básicos, aunque los sectores productivos insisten en que atenta contra la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país.
Vía: El Deber