Cuatro de los seis acusados en el denominado “caso consorcio” sufrieron descompensaciones físicas luego de sus respectivas audiencias cautelares, según informes médicos. Se trata de Marcelo Lea Plaza, Claudia Castro, César Siles e Yván Córdova, todos ellos exautoridades judiciales o vinculadas al sistema de justicia boliviano. Las afecciones se produjeron tras recibir medidas de detención preventiva dictadas por la justicia.
El caso consorcio involucra a exfuncionarios de los órganos Ejecutivo y Judicial, quienes habrían conspirado para destituir ilegalmente a la magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira. La detención del juez Marcelo Lea Plaza reveló una red de influencias que ahora pone en el centro de la polémica al gobierno del presidente Luis Arce, que hasta el momento no ha emitido ninguna posición oficial sobre el caso.
Durante su audiencia del 16 de junio, Marcelo Lea Plaza —quien firmó la resolución contra Coaquira— sufrió una descompensación tras ser enviado a prisión, lo que motivó su traslado a una clínica en La Paz. Dos días después, Claudia Castro, exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se desmayó tras conocer su detención preventiva de cuatro meses. Fue evacuada en ambulancia y diagnosticada con un cuadro similar.
El sábado, el exministro de Justicia César Siles también colapsó luego de que se le dictara prisión preventiva por cinco meses en el penal de Patacamaya. Siles es señalado como el principal articulador del presunto consorcio, y un audio que lo implica directamente agrava su situación jurídica. Tras su audiencia, fue derivado a un centro hospitalario para ser atendido.
El caso de Yván Córdova, expresidente del TDJ de La Paz, es aún más complejo. Fue sorprendido ebrio en su oficina y luego trasladado a un hospital, supuestamente por un Accidente Cerebro Vascular (ACV). Su audiencia cautelar aún está pendiente. Mientras tanto, los otros dos implicados, Marcelo Uriarte e Iván Campero, tienen detención domiciliaria y no han presentado problemas de salud. El caso continúa generando tensiones en el ámbito político y judicial del país.
Vía: El Deber