A partir de este lunes, la jubilación en Argentina será un derecho al que accederán muy pocos, tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de no prorrogar la moratoria previsional. Solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres logran cumplir con los 30 años de aportes exigidos para jubilarse, lo que deja a miles de trabajadores sin acceso al beneficio. La eliminación de la moratoria representa un ahorro fiscal, pero agrava la vulnerabilidad de los adultos mayores, especialmente de las mujeres, quienes enfrentan mayor informalidad laboral y carga de tareas no remuneradas.
Los jubilados han sido de los más afectados por el ajuste económico de Milei, con una reducción en el gasto previsional del 12% al 9% del PIB en los últimos años. Actualmente, dos tercios de los jubilados cobran el haber mínimo de 354.000 pesos (unos 300 dólares), lo que los deja al borde de la pobreza, y el 30% de ellos ya se encuentra por debajo de esa línea. Con el fin de la moratoria, quienes no cumplan con los aportes solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima.
Expertos advierten que el sistema previsional argentino es ineficiente y requiere una reforma urgente, ya que solo el 17% de las jubilaciones recientes se dieron bajo el régimen general. La informalidad laboral, que afecta a una gran parte de la población, hace que alcanzar los 30 años de aportes sea casi imposible. Además, el envejecimiento de la población y la existencia de más de 200 regímenes especiales generan una estructura de jubilaciones desigual y costosa.
El debate también se centra en la exclusión de amas de casa, a quienes Milei ha criticado por acceder a la jubilación sin haber trabajado formalmente. Sin embargo, especialistas destacan que muchas mujeres han trabajado en empleos precarios sin aportes, especialmente en el servicio doméstico, donde el 80% de las empleadas no están registradas. La eliminación de la moratoria sin una alternativa deja a miles de personas sin perspectivas de retiro digno, mientras que los economistas insisten en la necesidad de una reforma integral para garantizar la sostenibilidad y equidad del sistema.
Vía: El País, España