El conflicto en el Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) de Tarija se intensifica tras las denuncias de su dirigente sindical, Franz Ayarde, quien acusó al Ejecutivo departamental de incumplir la sentencia constitucional que ordena la restitución completa de la institución. A casi dos meses de emitida la resolución, ninguna de las cinco residencias del SEDECA ha sido reabierta, manteniéndose cerradas y bajo llave, lo que impide el retorno pleno de los trabajadores a sus funciones.
Ayarde explicó que, si bien el director de la institución firmó memorandos para que unos 200 empleados retomaran actividades, en la práctica las instalaciones, como la residencia de Iscayachi, continúan inaccesibles. Esta situación confirma que los documentos emitidos no se han ejecutado y que la sentencia constitucional 004/25, emitida en abril, sigue sin ser acatada por las autoridades.
Las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo y la Central Obrera Departamental (COD) corroboraron el incumplimiento por parte del gobernador Óscar Montes Barzón y del director del SEDECA. Como consecuencia, se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito, la cual fue admitida, iniciándose así una imputación formal contra el gobernador.
Paralelamente, se tramita un juicio de responsabilidades en contra de Montes por un presunto daño económico de aproximadamente 16 millones de bolivianos. Este monto corresponde a sueldos y beneficios no pagados debido al cierre prolongado de las residencias y la paralización del servicio, generando un impacto financiero significativo en la institución y profundizando su crisis operativa.
En medio de este escenario, el director del SEDECA, Marcos Bass Wener, denunció que el sindicato está coaccionando a los trabajadores para que abandonen sus funciones y participen en una marcha convocada por la COD. Según Bass, esta práctica constituye abandono ilegal de labores y representa una forma de extorsión sindical, afectando el funcionamiento normal del servicio.
Bass presentó como prueba un comunicado del sindicato en el que se advierte sobre el control estricto de asistencia y posibles sanciones a quienes no participen en la movilización. El director advirtió que muchos trabajadores, con salarios mínimos, temen represalias y descuentos, lo que los obliga a sumarse a la marcha bajo presión.
El funcionario solicitó la intervención urgente e imparcial del Ministerio de Trabajo para frenar estas irregularidades y desvinculó a la institución del incumplimiento de la sentencia, responsabilizando al sindicato por la interrupción de funciones. Para Bass, este conflicto refleja una crisis institucional más amplia y la necesidad de reformar las estructuras sindicales y laborales en el país.
