El presidente de la Cámara de la Construcción de Bolivia (Cadeco), Rolando Surriable Vallejos, encabezó una marcha del sector de constructores para exigir al Gobierno la aprobación de un decreto de reajuste de precios en los contratos de obras públicas. Según el dirigente, la falta de esta medida está provocando una grave crisis en la industria de la construcción en el país.
Surriable afirmó que, pese a las reuniones sostenidas previamente con autoridades, hasta el momento no se registraron avances en las negociaciones, lo que motivó la movilización del sector. Señaló que la construcción se encuentra “en picada” y advirtió que, si el Gobierno no atiende el pedido con urgencia, podrían generarse consecuencias económicas y laborales “catastróficas”.
El representante empresarial explicó que el incremento en los costos de materiales, mano de obra y equipos ha superado la capacidad financiera de las empresas, indicando que algunos insumos han subido hasta en un 60%, mientras que el costo global de la construcción habría aumentado alrededor de un 40%. Esta situación, según dijo, está dificultando la conclusión de obras adjudicadas bajo contratos que no contemplan reajustes de precios.
De acuerdo con Surriable, cerca del 30% de los contratos de obra en el país ya estarían en proceso de rescisión, lo que implica millonarias pérdidas económicas y la posible pérdida de miles de empleos en el sector. Además, denunció que las empresas continúan enfrentando multas y advertencias de resolución de contratos por parte de fiscalizadores, pese a las dificultades económicas que atraviesan.
El dirigente detalló que el decreto solicitado debe incluir tres aspectos principales: el reajuste de precios en materiales, mano de obra y equipos; la ampliación de plazos en los contratos mientras se aplica el decreto; y la posibilidad de que las empresas rescindan contratos con el Estado sin sanciones si no se reconocen los nuevos costos.
Finalmente, Surriable sostuvo que la falta de estas medidas genera incertidumbre y falta de seguridad jurídica para el sector constructor, ya que —según explicó— las empresas firmaron contratos sin reajuste, mientras que posteriormente se adoptaron políticas económicas que encarecieron significativamente los costos de ejecución de las obras.