Cloudflare demanda a LaLiga para frenar bloqueos indiscriminados de páginas web

La empresa estadounidense de ciberseguridad Cloudflare ha presentado una demanda contra LaLiga en un intento de anular la sentencia de 2022 que permite a la organización futbolística española bloquear direcciones IP a través de operadoras. Según Cloudflare, estas medidas afectan indiscriminadamente a miles de páginas legítimas, afectando el derecho a una internet abierta. La multinacional acusa a LaLiga de no haber informado al tribunal sobre el perjuicio a terceros y califica sus acciones como “desproporcionadas”.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante una conferencia organizada por el diario 'La Crónica de Badajoz'

Desde febrero, LaLiga ha endurecido su estrategia contra la piratería, ordenando bloqueos masivos que incluyen direcciones IP de sitios web legales. Según Cloudflare, la organización está utilizando un “método torpe e ineficaz” tras la introducción de un nuevo sistema de encriptación (ECH) que protege la privacidad de los usuarios. Como consecuencia, millones de personas han visto restringido su acceso a contenidos no relacionados con la piratería, lo que ha generado una ola de quejas en redes sociales.

Por su parte, LaLiga ha respondido acusando a Cloudflare de amparar a piratas digitales y organizaciones criminales bajo el pretexto de defender una internet abierta. Además, ha señalado que la compañía ya ha enfrentado demandas en otros países europeos por no colaborar con los titulares de derechos. También ha cuestionado la magnitud del impacto denunciado por Cloudflare, minimizando el número de afectados por los bloqueos.

El conflicto legal entre ambas entidades sigue escalando, con Cloudflare buscando un fallo judicial que impida futuros bloqueos masivos sin supervisión judicial. LaLiga, en cambio, se mantiene firme en su postura de proteger los derechos audiovisuales sin permitir que su lucha contra la piratería sea obstaculizada. La adopción de nuevas estrategias tecnológicas y las repercusiones de esta batalla legal podrían sentar precedentes en la regulación del acceso a internet y los derechos digitales en España y Europa.

Vía: El País, España

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