En medio de una movilización en la ciudad de Tarija, el dirigente del sector salud, Omar Velásquez, anunció que los trabajadores sanitarios mantendrán su lucha para exigir el pago del bono viático por vacunación, equivalente a un salario mínimo anual. Este beneficio, reconocido cada 6 de agosto en homenaje al Día del Trabajador en Salud, no fue garantizado este año, pese a las solicitudes planteadas desde 2024 para que se inscribieran los recursos en el presupuesto departamental.
Velásquez recordó que la falta de respuesta de la Gobernación ha motivado medidas de presión como protestas y huelgas de hambre, sin resultados concretos. Denunció además que los huelguistas no contaron con condiciones mínimas de apoyo, como acceso a servicios higiénicos, y que sufrieron presiones por parte de las autoridades.
El dirigente informó que más de 20 trabajadores han sido despedidos y que se anunció la desvinculación de otros 90, lo que calificó como inaceptable. Aseguró que el sector está dispuesto a permanecer en las calles y a activar todas las acciones legales necesarias para frenar los despidos y exigir el respeto a derechos adquiridos.
Velásquez insistió en que la lucha no tiene motivaciones partidarias, sino que busca garantizar la estabilidad laboral y el reconocimiento a la labor sanitaria. Reiteró que el sector acatará las disposiciones del Tribunal Electoral y el Auto de Buen Gobierno emitido para las elecciones del 17 de agosto, pero advirtió que la movilización continuará más allá del periodo electoral hasta lograr soluciones.
En respuesta, el vocero de la Gobernación de Tarija, Andrés Castellanos, descalificó la marcha y el bloqueo convocados por el sector salud, la Central Obrera Departamental (COD) y el SEDECA, asegurando que son acciones políticas vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS). Acusó a la COD de ser parte del actual gobierno nacional, al que responsabilizó por la crisis económica del país.
Castellanos sostuvo que el gobierno departamental no tiene competencia en la contratación de personal para centros de salud de primer y segundo nivel, función que recae en los municipios y el nivel central. Sobre el bono de vacunación, explicó que su pago representaría 8 millones de bolivianos y afectaría a programas sociales para grupos vulnerables, además de que más del 80% de los solicitantes no dependen de la Gobernación, sino del gobierno nacional.
El vocero criticó el rol de la COD en las protestas, acusándola de no gestionar con el Ministerio de Salud los recursos necesarios para atender las demandas. Finalmente, pidió a los trabajadores sanitarios retomar la atención a los pacientes, recordando que la salud es un derecho prioritario que no debe paralizarse por conflictos de esta naturaleza.