El vicepresidente Edmand Lara presentó este martes una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra el Decreto Supremo 5552, norma que modifica la estructura y atribuciones de la Vicepresidencia del Estado.
El recurso fue formalizado luego de que el Gobierno promulgara el decreto durante el fin de semana, estableciendo una reestructuración institucional que condiciona parte de las funciones de la Vicepresidencia al apoyo del Ministerio de la Presidencia.
Según el entorno político de Lara, la medida vulnera la Constitución Política del Estado y afecta la autonomía de una autoridad elegida por voto popular. El diputado Juan Pablo Quispe, aliado del vicepresidente, afirmó que la acción busca defender la institucionalidad democrática.
Lara cuestionó directamente el alcance del decreto, asegurando que limita su capacidad administrativa y operativa, al impedirle realizar contrataciones, firmar memorándums o tomar decisiones internas sin depender de otra instancia del Ejecutivo.
A criterio de la autoridad, la normativa coloca a la Vicepresidencia bajo subordinación política, lo que —según sostuvo— contradice el diseño constitucional del Estado y altera el equilibrio de poderes dentro del Ejecutivo.
El Decreto Supremo 5552 fue firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira junto a su gabinete ministerial, con el argumento de reorganizar funciones y optimizar la gestión gubernamental.
Desde el oficialismo se sostiene que la medida responde a criterios administrativos y de coordinación institucional, aunque los sectores críticos consideran que implica una reducción de atribuciones del segundo mandatario.
Quispe calificó la norma como un “acto contradictorio” y denunció que el país no puede ser gobernado mediante decretos que, a su juicio, modifican aspectos estructurales sin debate legislativo previo.
El legislador incluso señaló que la decisión representa un “golpe de Estado silencioso”, argumentando que se estaría debilitando una institución constitucional mediante disposiciones administrativas.
Ahora será el TCP el encargado de analizar la legalidad del decreto y determinar si la reestructuración vulnera la Constitución, en un proceso que podría marcar un nuevo episodio de tensión política dentro del Ejecutivo nacional.
Vía: Opinión