El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Fernando Valverde, se pronunció sobre el caso denominado “Narcomaletas”, en el que estarían involucrados una exdiputada y un juez de justicia. Según Valverde, este hecho demuestra que el narcotráfico y la corrupción han permeado todos los estamentos del Estado boliviano, afectando tanto a autoridades locales como nacionales, y evidenciando la necesidad de mayor control y transparencia en la administración pública.
El jurista destacó que, pese a la gravedad de las denuncias, se mantiene vigente la presunción de inocencia, principio constitucional que garantiza que toda persona debe ser considerada inocente hasta que un juicio público y contradictorio determine lo contrario. Valverde explicó que actualmente el caso se encuentra en etapa preliminar de investigación, donde se han reunido indicios que podrían dar lugar a imputaciones y a audiencias cautelares, pero aún no se trata de pruebas judicializadas.
Valverde aclaró la diferencia entre indicios y pruebas formales, indicando que los primeros constituyen datos, documentos y declaraciones que sugieren posibles responsabilidades, pero que aún pueden variar conforme avance la investigación. Por ello, insistió en la importancia de que el proceso se lleve a cabo con total transparencia e independencia, para garantizar un debido proceso en un caso que involucra a una autoridad judicial y a una exdiputada que actualmente busca un cargo de concejal en Santa Cruz.
El presidente del Colegio de Abogados también subrayó que el caso “Narcomaletas” evidencia la necesidad urgente de una reforma judicial y constitucional. Según Valverde, la corrupción y el narcotráfico no solo afectan la imagen de la justicia en Bolivia, sino que también repercuten en la confianza de la sociedad y en la atracción de inversión extranjera, elementos fundamentales para el desarrollo económico y social del país.
Asimismo, Valverde señaló que la situación muestra cómo la corrupción se encuentra presente desde los niveles más bajos hasta los más altos del Estado, lo que genera impunidad y debilita la institucionalidad. Para el jurista, estos casos reiteran la urgencia de reformas profundas que fortalezcan los mecanismos de control y la independencia del sistema judicial, garantizando que hechos de esta naturaleza no queden impunes.
Finalmente, el abogado enfatizó que la sociedad boliviana necesita una justicia confiable y eficiente que haga prevalecer el principio de legalidad, proteja los derechos de todos los ciudadanos y combata de manera efectiva la corrupción y el narcotráfico. Valverde concluyó que la transparencia y la claridad en la investigación son esenciales para que hechos de esta magnitud se investiguen adecuadamente y se fortalezca la confianza en las instituciones.