
El dirigente de la Asamblea de Derechos Humanos de Tarija, David López, señaló que la intención de descongestionar las cárceles en Bolivia se encuentra estancada debido a los trámites que deben realizar los internos.

Según indicó, unos 3.500 reclusos de todo el país han iniciado los procedimientos para acceder al indulto, pero aún dependen de una certificación que debe emitir el Tribunal Supremo de Justicia, la cual hasta la fecha no se ha entregado.

López explicó que este retraso se suma a la carga procesal que enfrentan los jueces, lo que limita la rapidez con la que se pueden tramitar las solicitudes de descongestionamiento.
Una vez emitida la certificación, la Dirección General de Régimen Penitenciario podrá expedir las resoluciones correspondientes, y los jueces de cada departamento de ejecución penal deberán dictar los mandamientos de libertad.
El dirigente aclaró que el proceso de descongestionamiento se realiza mediante dos mecanismos: el indulto presidencial, dirigido a personas con sentencias ejecutoriadas, y un sistema progresivo de salidas temporales, coordinado con los tribunales departamentales, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos. Sin embargo, ambas vías presentan limitaciones operativas y retrasos.
Actualmente, Bolivia cuenta con aproximadamente 35.000 internos, de los cuales 3.500 tienen solicitudes pendientes de indulto en Sucre. López estimó que, si se agilizan los trámites, estas solicitudes podrían ser aprobadas, lo que permitiría a los internos acceder a su libertad o a la suspensión de la detención preventiva.

El dirigente destacó que la lentitud en la emisión de certificados por parte del Tribunal Supremo de Justicia afecta directamente la eficacia del indulto, y retrasando así un paso clave para reducir la sobrepoblación en las cárceles del país.
Finalmente, López reiteró que el indulto, aunque emitido mediante decreto presidencial, no se traduce automáticamente en libertad inmediata, ya que depende de que cada recluso cumpla con los trámites administrativos y judiciales necesarios para que se efectúe la liberación.

