
El dirigente campesino Rolando Romero denunció que en la Comunidad de San Agustín se han intensificado los casos de abigeato, afectando a productores locales. Según indicó, los delincuentes ingresan a domicilios y sustraen ganado vacuno, generando pérdidas económicas considerables para las familias, que invierten años en criar sus animales antes de poder comercializarlos.


El pasado domingo, los comunarios capturaron a varios sospechosos y, como medida de protesta, quemaron una camioneta, decomisaron camiones y trasladaron a los implicados a la FELCC. Romero detalló que fueron sorprendidas siete personas, recuperando nueve cabezas de ganado, aunque algunos animales lograron escapar. Los involucrados portaban armas blancas, armas de fuego y herramientas utilizadas para cometer los robos.

El dirigente campesino enfatizó que los precios del ganado han aumentado, alcanzando hasta 8.000 o 9.000 bolivianos por cabeza, lo que convierte cada hurto en una pérdida significativa para las familias campesinas. Además, recordó que en ocasiones anteriores, pese a las denuncias presentadas, los responsables habían sido liberados preventivamente, generando frustración y desconfianza hacia la justicia formal.
Ante esta situación, Romero advirtió que las subcentrales campesinas ya han tomado la determinación de ejercer la justicia indígena originaria campesina, si los hurtos continúan. Las resoluciones emitidas permitirán a la comunidad defender sus bienes mediante métodos propios de la jurisdicción indígena, buscando proteger a los productores y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias directas.
El dirigente subrayó que esta medida no reemplaza el proceso legal, sino que busca salvaguardar los recursos de las familias afectadas ante la ineficacia de las autoridades policiales y judiciales en la región. La decisión refleja la necesidad de resguardar el patrimonio campesino frente a la impunidad y la reiteración de los delitos.
Finalmente, Romero reiteró que los comunarios mantendrán la vigilancia activa sobre sus predios y, de ser necesario, aplicarán métodos de justicia comunitaria para asegurar que los responsables de abigeato enfrenten sanciones dentro del marco de sus tradiciones y normas internas, evitando que las pérdidas económicas continúen afectando al sector campesino.
