El analista Roberto Castillo denunció que diversas entidades financieras se niegan a aplicar el Decreto Supremo 5630 bajo la excusa de no contar con instructivos de la ASFI. La normativa vigente obliga a los bancos a evaluar y otorgar un periodo de gracia de hasta seis meses a los microempresarios damnificados.
El plan de alivio financiero dispuesto por el Órgano Ejecutivo para mitigar los daños de la reciente crisis social tropieza con obstáculos en el sistema bancario privado. El economista Roberto Castillo dio cuenta de que algunas entidades financieras del país no quieren dar curso al decreto de reprogramación de deudas orientado a cooperar a los cuentapropistas, comerciantes y microempresarios que se vieron severamente afectados por casi 50 días de bloqueos de caminos.
Castillo advirtió que los prestatarios están acudiendo a las oficinas bancarias para presentar sus cartas de solicitud formales, pero el personal de las instituciones se niega a recepcionarlas utilizando como argumento que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) presuntamente no les ha comunicado el beneficio ni ha emitido una circular oficial de habilitación.
El analista desmintió de forma categórica la postura de la banca privada y aclaró las obligaciones normativas vigentes:
«Ya existe la carta circular, esa salió un día después del Decreto Supremo 5630. O sea que todas las instituciones financieras están, en este momento, en la obligación de recibir las cartas y evaluar a los clientes para su posible reprogramación, porque lo que tienen que evaluar es la capacidad actual de pago del deudor. Si no reciben las solicitudes, la mora bancaria va a crecer; esta medida es justamente una manera de controlar la mora y dar un alivio». — Roberto Castillo, Economista.
Las condiciones del periodo de gracia y la reactivación flexible
La finalidad central de la disposición gubernamental es contrarrestar los efectos colaterales distributivos y financieros que dejaron los 53 días de paro y bloqueo de carreteras en el territorio nacional. Castillo defendió la necesidad técnica de la reprogramación debido a que las unidades económicas de los microempresarios no lograrán recuperarse del golpe financiero en un plazo de 15 o 20 días.
De acuerdo con el desglose técnico del decreto expuesto por el especialista, la medida establece los siguientes lineamientos de cumplimiento obligatorio:
- Margen de gracia: Las personas afectadas tienen el derecho de solicitar la reprogramación junto con un periodo de gracia de hasta un máximo de seis meses.
- Flexibilidad de tiempo: El beneficio no obliga a que todos los solicitantes utilicen los seis meses de forma invariable; según las necesidades de reactivación individuales, se pueden pactar periodos menores de dos, tres o cuatro meses.
- Amortización anticipada: Si un prestatario solicita un diferimiento de seis meses, pero logra estabilizar sus ingresos antes del plazo previsto, tiene la facultad de acudir al banco a pagar sus cuotas devengadas y la entidad financiera está obligada a aceptar el dinero.
- Efecto multiplicador: La normativa ampara a todas las personas que sufrieron pérdidas debido al cerco de rutas y al entorno económico adverso que afectó a toda Bolivia.
El impacto colateral: Desabastecimiento y subida de precios en Tarija
Finalmente, el economista describió el complejo panorama comercial que experimenta el mercado interno tras la pacificación de las carreteras. Castillo informó que inmediatamente después de que se levantaron los bloqueos, la ciudad de Tarija comenzó a registrar un incremento abrupto en los precios de los productos de la canasta familiar básica, afectando el bolsillo de los consumidores locales.
Explicó que este fenómeno de encarecimiento se evidencia con fuerza en el precio de la carne de chancho (cerdo) y de la carne de pollo. La distorsión de precios responde a que los productores tarijeños prefieren desviar masivamente sus alimentos hacia los mercados del occidente del país —donde escaseó la comida durante los 53 días de cerco— debido a que en esas regiones los productos se cotizan a un valor monetario mucho más elevado que en el mercado local tarijeño.