El abogado Hugo León Gutiérrez, del Abogado Libre, denunció la existencia de un nuevo caso de extorsión a un propietario de movilidad por parte de funcionarios de Diprove y la Aduana.
Según explicó, el afectado debió pagar inicialmente 7.000 bolivianos a un funcionario de Diprove bajo el argumento de irregularidades en el número de chasis de su camión, cuando el costo legal del procedimiento conocido como “revenido químico” es de 900 bolivianos.
León Gutiérrez detalló que, además del pago inicial, el propietario tuvo que trasladarse a Cuiabá, donde pagó 1.500 dólares para completar el procedimiento, que finalmente resultó legal y sin ninguna anomalía en el vehículo.
El abogado calificó este hecho como parte de un modus operandi habitual de corrupción y lucro, donde los funcionarios buscan aprovecharse de los propietarios de vehículos antiguos, argumentando supuestas irregularidades.
El profesional advirtió que este tipo de extorsiones no persigue la seguridad ni la legalidad del transporte, sino que tiene como único fin el beneficio económico de los funcionarios involucrados, generando pérdidas significativas para los ciudadanos.
León Gutiérrez estimó que este tipo de casos afecta a decenas de vehículos al año, lo que podría significar ganancias ilícitas cercanas a 80.000 dólares anuales por estas prácticas irregulares.
El abogado aseguró que su institución, junto a la Asociación de Víctimas de Diprove, cuenta con varios casos confirmados y se encuentra en proceso de formalizar denuncias ante las autoridades correspondientes.
Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos para que, al conocer situaciones similares, se acerquen a la asociación para denunciar formalmente los hechos y contribuir a que se investiguen y sancionen los actos de corrupción en el sector de transporte.