El sector de transporte pesado de cemento en Tarija, liderado por Karina Narváez, se declaró en estado de emergencia debido a un conflicto con la cementera SOBOCE.
La dirigente explicó que, tras la eliminación de la subvención a los carburantes establecida por el Decreto Supremo 5503, la empresa despidió de manera repentina a más de 500 transportistas sindicalizados, generando preocupación por la pérdida de empleo y la falta de acuerdos en los fletes.
Narváez señaló que SOBOCE permitió que transportistas ajenos al sindicato lleven cemento a la fábrica El Puente, aplicando precios elevados y sin facturación formal, lo que ha provocado un incremento en el costo de la bolsa de cemento, que pasó de 47 a entre 85 y 90 bolivianos en la ciudad.
La dirigente remarcó que su sector ha trabajado formalmente durante más de 20 años, cumpliendo con impuestos y regulaciones, y acusó a la empresa de no conciliar con los transportistas sindicalizados.
El conflicto afecta directamente al consumidor final y a la estabilidad del mercado local, ya que la diferencia entre los fletes propuestos por los sindicatos (7,50 bolivianos) y los aceptados por SOBOCE (6,98 bolivianos) se ha visto superada por los precios informales que llegan hasta 12 bolivianos.
Narváez anunció que, de no llegarse a un acuerdo en la reunión prevista a nivel departamental, el sector considerará medidas de presión, aunque mantiene la disposición al diálogo para buscar una solución que evite una escalada del conflicto.