El Gobierno nacional afirmó este lunes que tiene plenamente identificados a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) que se beneficiaron con recursos estatales por un monto cercano a los 18 millones de dólares, en medio del conflicto generado por el Decreto Supremo 5503 y las medidas de presión anunciadas por el ente sindical.
El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Cristian Andrés Morales, informó que tras una revisión exhaustiva de planillas salariales se detectó que algunos dirigentes percibían ingresos que, sumados a bonos y antigüedad, superaban incluso el salario del presidente del Estado. “Los tenemos identificados y estas planillas serán dadas a conocer a toda la población”, aseguró la autoridad.
Morales explicó que, si bien los montos individuales no siempre parecen elevados, al contrastarlos con el conjunto de beneficios adicionales se evidencia una situación irregular que será transparentada públicamente, como parte del compromiso del Gobierno con la rendición de cuentas.
En paralelo, el viceministro ratificó que el Ejecutivo mantiene activas las mesas de trabajo instaladas en la Casa Grande del Pueblo, donde este lunes funcionaron seis espacios de diálogo con la participación de sectores sindicales, gremiales y productivos, y que continuarán este martes con ajustes logísticos para garantizar la seguridad de los asistentes.
Según Morales, los representantes de la COB llegaron inicialmente con una postura inflexible, exigiendo la abrogación total del Decreto 5503. No obstante, sostuvo que el objetivo del Gobierno es explicar los alcances de la norma, escuchar observaciones y realizar ajustes cuando sea necesario, sin retroceder en una medida que considera clave para la estabilidad económica.
El viceministro rechazó los argumentos que señalan que el decreto favorece a transnacionales o compromete los recursos naturales del país, calificándolos de falsos. Aclaró que los contratos se mantienen dentro del marco legal y que la norma busca únicamente agilizar procedimientos para atraer inversiones estratégicas.
Respecto a la subvención a los combustibles, Morales afirmó que se trataba de una política regresiva, ya que gran parte del carburante subsidiado terminaba en redes de contrabando, beneficiando a grupos que no aportaban al bienestar general. En ese sentido, aseguró que el decreto corrige esa distorsión y protege las finanzas públicas.
Finalmente, la autoridad advirtió que ceder ante presiones sectoriales podría generar efectos graves como una devaluación del tipo de cambio y un aumento de la inflación, afectando principalmente a los sectores más vulnerables. Pese a los bloqueos anunciados, reiteró que el Gobierno mantiene una cultura de diálogo y llamó a los sectores a participar de buena fe para evitar mayores perjuicios al país.
Vía: Red UNO