El incremento del 40% en las tarifas del transporte interdepartamental, vigente desde el 2 de enero de 2026, comenzó a generar una fuerte preocupación en Tarija. La medida, autorizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), tendrá una duración de 180 días y fue acordada con el sector del transporte en el marco del Decreto Supremo 5503.
Desde la ATT, la jefa de la Unidad de Transporte Terrestre y Férreo, Cinthya López, explicó que el ajuste responde a la necesidad de adecuar las tarifas a la nueva coyuntura económica del sector. Asimismo, advirtió que se sancionará a las empresas que vendan pasajes por debajo de la tarifa mínima autorizada, intensificando los controles para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Sin embargo, la decisión encendió las alertas en diversos sectores sociales, cívicos y económicos del departamento. El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, anunció que el tema será analizado este lunes junto a la Federación de Juntas Vecinales (FEDJUVE), con el objetivo de evaluar el impacto del incremento y definir una postura institucional, sin descartar pronunciamientos ni medidas posteriores.
En contraste, no se logró conocer la posición oficial de la FEDJUVE. Pese a los intentos de contacto de este medio con su presidente, Celestino Barro, no se obtuvo respuesta, lo que dejó en suspenso la postura del sector vecinal frente a la medida.
Desde el sector gremial, la concejal municipal y representante de los comerciantes, Adriana Romero, expresó un rechazo contundente al incremento tarifario. Indicó que la Confederación Nacional de Gremiales, liderada por Aldo López, prepara pronunciamientos y posibles movilizaciones a partir de la próxima semana.
Romero advirtió que el alza de pasajes afectará directamente al comercio minorista, especialmente en Tarija, donde muchos comerciantes viajan a Santa Cruz, La Paz o Cochabamba para abastecerse. Señaló que pasajes que antes costaban entre 250 y 260 bolivianos ahora alcanzan los 400 o 500, un aumento que, aseguró, se trasladará al precio final de los productos.
La concejal también cuestionó la fijación de tarifas mínimas, recordando que el Decreto Supremo 21060 establece la libre oferta y demanda. En ese sentido, alertó que la medida no solo impactará a Tarija, sino que podría elevar el costo de vida a nivel nacional.
Por su parte, el dirigente del transporte tarijeño, Gabriel Pérez, defendió el ajuste tarifario argumentando el incremento sostenido de los costos operativos, especialmente del combustible. Explicó que llenar un tanque para viajar a Santa Cruz pasó de costar alrededor de 1.100 bolivianos a más de 4.000, y sostuvo que el sector no puede seguir prestando el servicio a pérdida, mientras el debate y la tensión social continúan en el departamento.
Vía: El País, Tarija