El proceso por la desaparición y feminicidio de Odalys Vaquiata avanza hacia su etapa final, luego de que la Fiscalía confirmara que todas las acusaciones formales ya fueron presentadas y que el caso se encuentra a la espera de la fijación de fecha y hora para el inicio del juicio oral.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público presentó la acusación formal principal el 27 de diciembre de 2024 contra Joel Pérez González, sindicado como autor del feminicidio, y contra sus padres, Rudy Pérez García y Betty González Choque, señalados como presuntos cómplices.
Posteriormente, el 7 de julio de 2025, la Fiscalía amplió la acusación contra otros dos implicados: el teniente de la Policía Boliviana José María Alanes Salazar y Jessica Daniela Quispe, amiga cercana del principal acusado, quienes habrían participado en el encubrimiento del hecho.
Torrez detalló que el 16 de septiembre de este año se presentaron más de 130 pruebas de cargo, entre documentales y periciales. Estas incluyen informes criminalísticos, registros de llamadas telefónicas, conversaciones en redes sociales, análisis de imágenes congeladas y la reconstrucción del lugar donde ocurrieron los hechos.
Según la autoridad fiscal, el proceso ya se encuentra radicado en un juzgado de sentencia, por lo que ahora corresponde a la instancia judicial fijar la audiencia de apertura del juicio oral. El Ministerio Público aseguró haber cumplido con todos los plazos establecidos por ley y descartó cualquier retraso en el procedimiento.
El caso se remonta a finales de marzo de 2024, cuando Odalys Vaquiata desapareció durante un viaje a Los Yungas junto a su pareja. La joven fue vista por última vez en el tramo entre Yolosita y Coroico, y desde entonces se activaron investigaciones que apuntaron directamente a Joel Pérez como principal responsable.
Las indagaciones también determinaron que los padres del acusado habrían colaborado en el encubrimiento del crimen, razón por la cual se encuentran actualmente con detención preventiva, a la espera del juicio oral y contradictorio.
Por su parte, el abogado de la víctima, Juan David González, confirmó que la parte acusadora también aguarda la convocatoria judicial y estimó que el juicio podría instalarse entre enero y febrero de 2026. Indicó que se solicitará la pena máxima de 30 años de cárcel para el autor del feminicidio y sanciones proporcionales para los cómplices, conforme a su grado de participación.
Vía: El Deber