Tensión en Morros Blancos: internos exigen indulto y APDHB advierte riesgo de motín por falta de respuesta judicial

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) filial Tarija, Yolanda Herrera, informó que se registró una situación de tensión en el penal de Morros Blancos, a raíz del reclamo de privados de libertad que exigen ser beneficiados con el indulto, al considerar que cumplen con todos los requisitos establecidos.

Herrera señaló que activistas de derechos humanos le alertaron sobre una revuelta interna generada por la frustración de los internos, quienes aseguran haber enviado oportunamente toda su documentación para acceder al beneficio, sin recibir hasta el momento una respuesta oficial. Esta falta de certificación habría provocado un clima de molestia y desesperación entre hombres y mujeres recluidos en el centro penitenciario.

De acuerdo con la representante de derechos humanos, el principal obstáculo radica en que la certificación necesaria para el indulto debe ser emitida a nivel central, en la ciudad de Sucre, por instancias del Órgano Judicial. Pese a haber realizado las gestiones correspondientes, los internos no habrían obtenido el reconocimiento requerido para avanzar con el trámite.

Herrera indicó que, en el caso de Tarija, entre 18 y 24 privados de libertad podrían acceder al indulto de manera inmediata, aunque el número podría ser mayor. Sin embargo, la falta de esta certificación estaría impidiendo que más personas se beneficien de esta medida de carácter humanitario.

Ante este escenario, la presidenta de la APDHB Tarija expresó su preocupación por el riesgo de que la situación derive en un motín, y solicitó el apoyo de los medios de comunicación para visibilizar la realidad que se vive al interior del penal. Asimismo, invitó a los periodistas a apersonarse en Morros Blancos para constatar las condiciones en las que se desarrolla este reclamo.

Finalmente, Herrera remarcó la importancia de una respuesta oportuna de las autoridades competentes, a fin de evitar mayores conflictos y garantizar el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad que solicitan acceder al indulto conforme a la normativa vigente.

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